El consejero de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha defendido este jueves el presupuesto de la Generalitat para 2026 en su departamento, que dispondrá de 1.392,1 millones de euros, un incremento del 22,3% respecto a 2023, el último presupuesto aprobado.
En términos absolutos, esto supone 254,2 millones de euros más. El consejero ha destacado que se trata de un presupuesto «expansivo, responsable y orientado» a mejorar el servicio público de justicia y ha subrayado que la prioridad es clara: «reducir los plazos y descongestionar los juzgados para que la ciudadanía note que el sistema funciona mejor». «Nunca ha habido tantos recursos para modernizar y descongestionar la justicia», ha dicho.
Por ámbitos, un 46,6% del presupuesto es para administración de Justicia, y un 41,6% a ejecución penal. El crecimiento en materia de personal es de un 22,4%. El proyecto prevé un total de 92,7 millones de euros para Justicia gratuita, que incluye la actualización de los importes de los módulos y la creación de módulos nuevos en el servicio. También están previstos 39 millones para inversiones en cárceles y 21 para edificios judiciales. El proyecto incluye 91 nuevas unidades judiciales y 175 nuevas dotaciones de personal de la administración de justicia.
El principal eje del presupuesto es la descongestión del sistema judicial. En 2026 se prevén 91 nuevas unidades judiciales, que permitirán pasar de 871 a 962 plazas judiciales en Cataluña y alcanzar una ratio de 11,6 jueces por cada 100.000 habitantes. Esta ampliación permitirá incrementar en un 10,4% los asuntos resueltos. Este refuerzo se acompaña de una dotación futura de 300 nuevos puestos de trabajo de personal de la administración de justicia, imprescindibles para consolidar el nuevo modelo organizativo derivado de la ley de eficiencia judicial.
Ribagorza ha remarcado que la transformación del sistema exige combinar reformas y recursos y ha defendido que la ley de eficiencia judicial aporta la estructura organizativa, pero las 91 nuevas unidades judiciales aportan «la capacidad real de respuesta». Según el consejero, sólo esta combinación permitirá «mejorar de manera tangible el servicio público de Justicia».
Prisiones
En el ámbito del sistema penitenciario, el presupuesto despliega un nuevo modelo selectivo y de formación inicial para el cuerpo de técnicos especialistas de servicios penitenciarios. También se prevé la construcción de la Unidad de Formación del Personal Penitenciario en el complejo del centro penitenciario de Quatre Camins, en La Roca del Vallès, con una inversión de 10,1 millones de euros.
El nuevo contrato programa del CIRE supone un incremento de 10,4 millones de euros y permite extender el modelo de formación, empleo e inserción a centros como Puig de les Basses y Brians 2.
El presupuesto incorpora también 9,2 millones de euros para unidades de intervención compensatoria y programas de bienestar emocional. Según el consejero, «seguridad y reinserción no son conceptos opuestos, sino dos caras de una misma política pública responsable».
En materia de seguridad, se prevé la instalación de escáneres corporales en tres centros penitenciarios, sistemas de inhibición de telefonía en dos centros (1,3 millones de euros) y sistemas de detección e inhibición de drones en tres centros (1 millón de euros).
Memoria democrática: desarrollo normativo y nuevo plan de fosas
El presupuesto incrementa hasta los 10 millones de euros la dotación para memoria democrática. En 2026 se prevé el desarrollo de la ley de memoria democrática, actualmente en trámite, así como la finalización del Plan de fosas 2023-2025 y la elaboración del nuevo Plan 2026-2028.
El consejero ha reiterado el compromiso con el ‘Nunca más’ y ha afirmado que «la memoria democrática es una política pública de derechos humanos obligada como sociedad».
También se prevé el desarrollo de la ley de desaparición forzada de menores. En cuanto a conmemoraciones, estará la de los 150 años del nacimiento del presidente de la Generalitat en el exilio Josep Irla y la de los 50 años de las luchas democráticas de 1976.
Asuntos religiosos
En el ámbito de asuntos religiosos, el presupuesto prevé 2,2 millones de euros en subvenciones a entidades y confesiones religiosas y 0,1 millones para la actualización del mapa religioso de Cataluña.
También se da continuidad a la Muestra de Cine Espiritual y al protocolo para la cesión de vivienda para alquiler social. Ribagorza ha destacado que «garantizar la libertad religiosa y el diálogo es reforzar la cohesión del país».
