La Generalitat de Cataluña se ha convertido, de manera inesperada, en propietaria de una fábrica de pasta de canalones y lasaña en Ripollet a raíz de una herencia singular. La propietaria del negocio, Manuela Marimon, fundadora de la empresa Fadaic en 1961 junto con su marido, dejó su patrimonio en herencia en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Pero el hospital renunció a la herencia, y, en aplicación del régimen legal vigente, los bienes acabaron pasando a la Generalitat como heredera en último término.
Desde entonces, el Govern intenta desprenderse de un activo que no forma parte de su actividad ordinaria. La fábrica, que continúa operativa y da trabajo a una docena de trabajadores, ha salido a subasta en dos ocasiones. La segunda, con un precio de salida de 228.306 euros, un 22% inferior al de la primera convocatoria, también ha quedado desierta: ningún licitador se ha presentado.
Entre las condiciones de venta, el Ejecutivo exige que el futuro comprador mantenga la actividad y los puestos de trabajo durante al menos un año, un requisito que podría explicar parte de la falta de interés. Mientras tanto, la Generalitat sigue figurando como propietaria de una empresa alimentaria que funciona, pero que no encaja con su misión institucional.
El caso ilustra una situación poco habitual: una administración pública gestionando temporalmente un negocio familiar productivo mientras intenta encontrarle salida. Hasta que no aparezca un comprador, la Generalitat continuará fabricando canalones —al menos sobre el papel.
