El Sindicat de Llogateres critica a PP, Vox y Junts por haber votado en el Congreso de los Diputados en contra de la prórroga del conocido como ‘escudo social’ y avisa de que no se trataba de un «simple decreto», sino de una de las «pocas protecciones» mientras la «situación se precipita hacia el abismo».
En un comunicado, el Sindicat avisa de que cerca de 70.000 procedimientos que ahora estaban paralizados se reactivarán en el Estado en las próximas semanas y que la mayoría de estos desahucios son de personas que no pueden pagar el alquiler.
El Sindicato de Inquilinos y la Mesa Sindical de Vivienda de Cataluña hacen un llamamiento a movilizarse el sábado, cuando han convocado una protesta en Barcelona, para exigir medidas estructurales para el derecho a la vivienda.
El Sindicat alerta de que el mensaje que el Congreso de los Diputados ha enviado este jueves es que «la vivienda es un negocio, no un derecho» y recrimina a los partidos que han votado en contra de la prórroga que estén «dispuestos a defender este negocio aunque el coste sean 70.000 sentencias de desahucio y un invierno de muertos en la calle».
El colectivo indica que, a estos desahucios, hay que sumarle la finalización de medio millón de contratos de alquiler este año, 155.000 en Cataluña, y avisa de que la situación «deja desprotegidas a muchos hogares ante los intentos de expulsión y los desahucios invisibles».
Manifestación
Ante esta situación, el Sindicat apela a la manifestación del sábado por la tarde, en la plaza de Sant Jaume, bajo el lema ‘¡Basta excusas, los pisos, para vivir!’, para «forzar medidas urgentes que garanticen que nadie sea expulsado de su casa». El movimiento por la vivienda pide recuperar la moratoria de desahucios; prorrogar de manera obligatoria todos los contratos de alquiler; regular los alquileres de temporada y de habitaciones y acabar con las estafas inmobiliarias.
También dice que el debate político «ha situado las medidas de protección social en un marco de confrontación que no aborda el problema de fondo» y avisa de que la caída de la moratoria supone «un retroceso en la protección de los sectores más vulnerables y evidencia la necesidad de un escudo social permanente y ampliado», como expresó en un comunicado la Confederación de sindicatos de inquietas estatal y la Coordinadora para la defensa del sistema. público de pensiones.
