El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un conjunto de ayudas para apoyar a las comunidades de propietarios que decidan redactar nuevos estatutos o modificar los existentes para limitar el uso turístico en su finca. Podrán solicitar hasta el 50% de los gastos de gestión (notaría, registro y honorarios) del cambio de los estatutos, hasta un máximo de 2.500 euros y por la modificación de los estatutos vigentes hasta un máximo de 1.500 euros. Se podrán acoger a esta convocatoria, a partir del 27 de febrero, las comunidades que hayan aprobado estas modificaciones desde el 1 de marzo de 2025. La iniciativa forma parte de los acuerdos presupuestarios pactados por el Gobierno municipal de Jaume Collboni con ERC.
Las subvenciones se ofrecerán a través del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona. Se enmarcan en el convenio de colaboración a tres bandas firmado con el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona, con una inversión total del Ayuntamiento de 100.000 euros.
El cuarto teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha manifestado que el objetivo «es que las comunidades de propietarios se doten de normas de regulación y convivencia para prohibir la instalación de viviendas de uso turístico en sus fincas, actividades que generan efectos negativos para la comunidad». Valls ha destacado que «medidas como esta contribuyen a velar contra la exclusión residencial en Barcelona, ya que facilitan que más pisos se destinen al alquiler residencial».
Para acceder a la subvención, la comunidad debe aprobar la creación o modificación de los estatutos para incluir explícitamente la prohibición del uso turístico o de actividades económicas que alteren la convivencia, con un redactado homologable al propuesto por la Cámara de la Propiedad Urbana, el Colegio de Administradores de Fincas y el Ayuntamiento. Los nuevos estatutos deben elevarse a documento público e inscribirse en el Registro de la Propiedad para garantizar su validez ante terceros, y la comunidad debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado, la Generalitat y la Seguridad Social.
Paralelamente, se subvencionarán los profesionales que hayan asesorado a comunidades en estos cambios, siempre que se hayan formalizado, con un presupuesto total de 36.000 euros. El convenio también prevé una subvención directa de 4.000 euros para el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y para la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, que se comprometen a informar y fomentar la regulación interna. Además, se impulsará una campaña de comunicación para sensibilizar e incentivar la modificación de los estatutos.
