El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha archivado provisionalmente la causa que instruía por presunto espionaje con el software malicioso Pegasus en los teléfonos móviles del exvicepresidente de Òmnium Cultural Marcel Mauri, de la responsable internacional y legal de la entidad Elena Jiménez y de la periodista Txell Bonet durante los años 2018, 2019 y 2020.
La querella se presentó hace cuatro años al trascender las supuestas escuchas ilegales. La entidad cultural ha lamentado en un comunicado que la investigación judicial ha sido «fragmentaria, lenta, revictimizadora e inefectiva» y ha anunciado que ha presentado un recurso ante la Audiencia de Barcelona contra el archivo.
En el comunicado Òmnium lamenta que a pesar de haber «indicadores de infección», el juez haya decidido cerrar la investigación. Además, critica que, en el escrito del sobreseimiento, el magistrado afirme que si no ha habido resultados en la investigaciónha sido porque los denunciantes no quisieron entregar los teléfonos móviles a la policía.
En el recurso presentado ante la Audiencia, la entidad cultural afirma que se han aportado numerosas pruebas periciales informáticas que «acreditan la infección» y que «obligan a impulsar la investigación». Al mismo tiempo, Òmnium subraya que el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y Naciones Unidas «han exigido» a España una investigación «rigurosa y efectiva» sobre el espionaje con Pegasus.
Además, el recurso esgrime que el juez no ha pedido ninguna declaración a los perjudicados ni ha solicitado ninguna información a organismos estatales o europeos, ni tampoco a la empresa denunciada. «Durante cuatro años, el juez instructor no ha practicado ni una sola diligencia de investigación», afirma el texto que recurre el archivo.
Vulneración de derechos
«Si hay letargia, en ningún caso es atribuible a las acusaciones» ni se puede culpar a los querellantes de «falta de colaboración por no haber entregado sus dispositivos telefónicos», añade. En opinión de los responsables de Òmnium, esto supondría vulnerar su derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Es «una clara revictimización» cuando «es precisamente este derecho la espina dorsal del bien jurídico» que se intenta proteger.
El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha afirmado que el archivo de la causa tras cuatro años de investigación «sólo se puede explicar desde un punto de vista político, y en ningún caso jurídico o de preservación de derechos».
