Álvaro Ibáñez, el inspector de la Udef responsable de la investigación de las cuentas de la familia Pujol-Ferrusola ha declarado hoy ante la Audiencia Nacional donde ha afirmado que siente animadversión contra los Pujol-Ferrusola, lo que ha provocado que el magistrado José Ricardo de Prada le recordara que esta afirmación «tiene consecuencias jurídicas». El policía ha admitido esta animadversión porque la familia Pujol lo denunció y estuvo procesado por el caso del pendrive. Esta declaración ha sido valorada positivamente por las defensas.
Según su relato en el juicio, los acusados habrían cometido numerosas irregularidades en comisiones de intermediación, dinero en paraísos fiscales, inversiones o, incluso, financiación irregular de Convergència Democràtica, siguiendo la tesis de Fiscalía.
El policía también ha asegurado que basó la investigación en el testimonio de Victoria Álvarez, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, cuando prestó declaración ante la Policía, lo que generó la apertura de las investigaciones.
Así, ha asegurado que la famosa dejación del abuelo Florenci Pujol era en realidad una transferencia ordenada desde Panamá, por lo que no daba credibilidad a la confesión del expresidente Pujol.
Según este inspector de la Udef, la familia Pujol-Ferrusola era una organización criminal que actuaba de manera coordinada desde 1990. Para ello, ha recordado transferencias entre miembros de la familia desde el año 1992. Asimismo, ha dicho que tampoco ha dado credibilidad al origen de los fondos de Andorra defendidos por la familia, como la deja. Por ello, ha dicho que «no tenía ningún sentido».
Además, ha aportado como indicio una agenda de Jordi Pujol Ferrusola en la que constaban encuentros con cargos de la administración catalana.
