La jueza que investiga la gestión de la DANA ha acordado este martes elevar a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón. Mazón está aforado porque todavía mantiene el acta de diputado en las Cortes valencianas, por eso la jueza pide al TSJCV que lo investigue. En la causa sobre la gestión de la DANA ya está investigada la exconsejera de Emergencias Salomé Pradas. La magistrada entiende que existen indicios de delito contra Mazón y aprecia una «absoluta negligencia» en la gestión y la coordinación de la emergencia por parte del expresidente y un «nexo causal» con las muertes de personas por falta de avisos.
Indicios y conclusiones
Entre los indicios de delito, la jueza recoge la conversación que mantuvo el que era el jefe de gabinete de Mazón con la exconsejera Pradas la tarde del 29 de octubre de 2024, cuando se produjo la tragedia. En aquella conversación, José Manuel Cuenca indicó a Pradas: «De confinar nada, Salo».
Según la instructora, esta expresión tiene un carácter «claramente imperativo» y la condición de secretario autonómico y jefe de gabinete convierte los mensajes «no en meras opiniones o consejos, sino en órdenes». Además, refleja la «estrecha relación personal» entre Cuenca y Mazón.
La magistrada concluye que él estaba «dando órdenes concretas» a Pradas para descartar el confinamiento de la población. La jueza aprecia una «insistencia en el control de la emergencia que sólo puede responder de forma lógica a que obedeciera instrucciones de su superior».
Indecisión y parálisis
La exposición razonada, de más de 100 páginas, señala que Pradas tenía «dudas importantes sobre las propias competencias», lo que habría generado indecisión y parálisis en momentos decisivos de la gestión de la emergencia. La instructora considera que esta situación fue determinante.
La jueza indica que Cuenca comunicó a la exconsejera la llegada del presidente al Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) e interpreta que eso implicaba esperarlo, en un contexto de comunicación constante con él. Considera «inverosímil» que el testigo sólo quisiera asesorarla y ve «ilógico» que el presidente fuera ajeno a las órdenes del jefe de gabinete.
La resolución señala una falta de coordinación entre consejerías y atribuye al presidente, Carlos Mazón, ausencia, pasividad y falta de interacción en una situación de extrema gravedad. Concluye que hay indicios de negligencia en la coordinación y gestión de la emergencia y que no se adoptaron medidas de alerta precisas y a tiempo desde el CECOPI y la consejería competente.