La campaña que han puesto en marcha Acción contra el Odio, CTXT y la Fundación Contexto y Acción para denunciar y exigir contundencia ante los acosos y amenazas contra las voces progresistas por parte de la extrema derecha ha superado las 58.000 firmas. La campaña es la respuesta a la presión que ejercen en las redes sociales y en determinados medios de comunicación de la Fachoesfera provocadores públicos o anónimos que amenazan incluso de muerte a comunicadores, políticos y personas progresistas. Estas amenazas han supuesto, incluso, que algunos periodistas hayan dejado de hacer programas de radio o cerrado sus páginas en las redes sociales.
El Manifiesto de la campaña empieza diciendo que «El miedo es la antesala del silencio y muchas voces públicas sienten miedo hoy en el Estado español. No podemos tolerarlo». Por ello, pide «a la sociedad civil y a las instituciones que protejan el espacio público y con él a sus agentes democráticos, que son un dique necesario frente al acoso, las amenazas y la impunidad de la extrema derecha trumpista y su industria del odio».
«La historia -sigue el Manifiesto- enseña que el fin último del autoritarismo es silenciar todo relato diferente al suyo. Y esa historia está de vuelta otra vez. Las fórmulas nos suenan desgraciadamente familiares. Mentiras, insultos, machismo, homofobia, racismo, desinformación y violencia coordinada, en las redes sociales, los medios o las calles, con el objetivo de amedrentar a las voces comprometidas con la democracia que resulten incómodas a los ultras».
Denuncian casos como «una periodista es señalada por un partido neofascista por su activismo contra la violencia machista. Un diario de gran audiencia miente sobre el salario de una informadora de la televisión pública. Tres neonazis agreden y graban en la calle a un reportero, sin detenciones. Una comentarista racializada es amenazada con la deportación. Un cómico, acusado falsamente de reírse de las víctimas de un accidente fatal. Tras las mentiras llegan las amenazas y el desgaste emocional que hace que nada merezca la pena».
El crimen de explicar cómo se financian los provocadores ultras
También recuerdan que «en las últimas semanas, el nombre de una analista de izquierdas ha aparecido escrito en el centro de una diana dibujada junto a las tumbas vandalizadas de luchadoras antifascistas de otro tiempo. Y la trabajadora de un pequeño medio digital ha tenido que darse de baja tras sufrir amenazas de muerte en las redes. Su crimen: haber contado cómo se financian los acosadores disfrazados de periodistas».
Los medios, personas y organizaciones que firman el Manifiesto piden que se denuncie a los autores de los ataques y las extorsiones, que el Gobierno y los grupos parlamentarios progresistas adopten medidas para frenar esta «situación gravísima», que se adopten las reformas legales que permitan sancionar y negar financiación pública a las redes organizadas para difundir desinformación y odio de forma intencionada con el propósito de estigmatizar o difamar a personas y colectivos vulnerables.
Asimismo, reclaman que «la fiscalía, los jueces y las fuerzas de seguridad cuenten con más medios y formación especializada para proteger con mayor eficacia a las víctimas del odio, amenazas y persecución». De hecho, la sensación generalizada en el campo progresista es que el sistema judicial es bastante pasivo ante unos comportamientos que merecerían una mayor implicación y contundencia por su parte.
El listado de personas y entidades firmantes del Manifiesto es enorme. Los medios que lo apoyan, entre los que se está EL TRIANGLE, son Público, El Salto, La Marea, Pikara Magazine, Canal Red, Luzes, El Plural, Woke Up, InfoLibre, Pandemia Digital, Spanish Revolution, Crític, Sinpermiso y Carne Cruda.
