En el universo paralelo donde el Barça de Joan Laporta lleva instalado desde hace bastante tiempo, apenas atrajo a un número muy reducido de medios la cobertura del juicio por la demanda de un socio contra la directiva por incumplimiento estatutario en la obra del Espai Barça.
La pretensión del socio, un solo socio, se centra, por ahora, en que su reclamación ante la Comisión de Disciplina del FC Barcelona sea atendida como es debido según los estatutos, que prevén la apertura de un expediente, el nombramiento de un ponente y una resolución argumentada.
En la vista del miércoles pasado, la vicepresidenta Elena Fort quedó ridículamente expuesta ante el juez, admitiendo que, como ponente nombrada en su día por el presidente de la Comisión de Disciplina, el directivo y secretario de la junta, Josep Cubells, ella no encontró motivos para responder ni siquiera al socio que, siguiendo el conducto reglamentario., el cual había planteado una duda más que razonable sobre el destino de los 1.500 millones autorizados por la asamblea para la totalidad del Espai Barça si, cuando se cerró el Fondo de Titulización con Goldman Sachs y varios inversores, trascendió que el Palau y otros equipamientos, así como la urbanización del resto del entorno, no se contemplaban en el destino final de un préstamo final concedido de 1.450 millones. Si constaban, en cambio, en toda la documentación oficial entregada a los socios y publicada en los medios del club.
Marcel Enric, el abogado que, pagado por el FC Barcelona, es decir por Laporta con el dinero del club, para justificar ante la Comisión de Disciplina la innecesaria pérdida de tiempo al responder al socio Ignasi Prat -en su opinión como legalista experto y, por tanto, a efectos institucionales- compareció a la vista como autor del dictamen y lo que hizo fue reconocer que, en efecto, el Palau y el resto no están incluidos en el préstamo para que Limak haga de las suyas.
Marcel Enric también es asesor del Barça en asuntos relacionados con los excesos de Limak y miembro de dos de las sociedades dependientes como Barça Produccions y Lockley Invest.
Igual pasó con Jaume Carrasco, presidente de la Comisión Económica mencionado en la demanda por ser, al menos presuntamente, el garante independiente ante el socio del Barça de controlar la correcta administración de los recursos y, de forma muy específica, controlar el cumplimiento estricto del mandato asambleario del 17 de octubre de 2021 autorizando un endeudamiento de 1.500 millones para la financiación total del Espai Barça.
Ambos, Marcel Enric y Jaume Carrasco, engañaron a los socios en el ámbito de las maquinaciones y triunfos internos de Laporta por reunir una cantidad indecente de dinero para Limak, su constructora favorita, pero no se atrevieron a mentir ante el tribunal porque podían ser penalmente castigados por no decir la verdad en su condición de testigos, en este caso con más motivo, ya que en la vista también se dio lectura al párrafo concreto de la escritura del Fondo de Titulización donde expresamente se excluye el Palacio y otros equipamientos del préstamo de los 1.450 millones.
Respuesta fundamentada
Ambas declaraciones pueden tener un peso específico en este proceso que, por ahora, sólo tiene la pretensión de que la Comisión de Disciplina emita una resolución motivada a la reclamación legítima de un socio.
En esta respuesta, eso sí, la redacción deberá ser convincente y fundamentada si Laporta quiere evitar una demanda posterior por incumplimiento estatutario, en la que ya se juzgaría si las trampas practicadas en la asamblea para colar a los compromisarios un texto diferente del que se enunciaba en la convocatoria es legal o no.
La directiva de Laporta interpreta, curiosamente, que si al final el préstamo sólo sirve para pagar la reforma del estadio la solución es tan simple como convocar otra asamblea y solicitar una autorización para aumentar la deuda.
En este supuesto, como ya se apunta desde el propio entorno de Laporta, la operación supondría otro préstamo de más de 500 millones a devolver con intereses disparatados, ya que el Barça ya tiene comprometidos sus ingresos hasta el año 2050, eso sí, a cargo de otra directiva, la sucesora de Laporta si gana la reelección el día 15 de marzo.
Con el tiempo, sin embargo, una sentencia que considerara el incumplimiento de un acuerdo estatutario por parte de Laporta podría impedir un mayor deterioro y empobrecimiento del Barça, que igualmente ya está intervenido por Goldman Sachs antes incluso de empezar a devolver el préstamo.