El Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) ha alertado de que la propuesta sobre la compra especulativa de vivienda pactada entre el PSC y los Comunes «difícilmente podrá cumplir el objetivo». En un comunicado, IDRA ha considerado que no incorpora elementos que, a su juicio, son imprescindibles para que sea efectiva.
En primer lugar, este think tank dedicado a la causa de la justicia social ha apuntado que el acuerdo, conocido en las últimas horas, no impide que se puedan adquirir viviendas para revenderlas al cabo de poco tiempo a un precio superior.
Esto permitiría a los grandes tenedores, según alerta IDRA, seguir adquiriendo edificios, «trocearlos» y revender las viviendas, o bien la compra por parte de pequeños tenedores de pisos antiguos, reformarlos para aumentar su valor y venderlos rápidamente.
En segundo lugar, destaca que no se impide comprar viviendas para tenerlas vacías, como activo especulativo, «generando escasez e inflando precios».
Como alternativa, IDRA plantea seguir ejemplos de otros países donde se prohíbe la reventa a corto plazo o se obliga a vivir en la vivienda durante un mínimo de años. Además, aboga por limitar el número de viviendas que pueden ser segunda residencia o bajar impuestos por la adquisición de la primera vivienda, pero aumentarlas progresivamente a partir del segundo.
Finalmente, IDRA ha alertado de que, a pesar de la medida acordada, la demanda residencial y la demanda público-social (administraciones y entidades sociales) continuarán compitiendo con la demanda especulativa en el mercado de compraventa. Su previsión es que eso dificultará poder ampliar el sistema de vivienda protegida y puede seguir alimentando el encarecimiento y las dinámicas de concentración de la propiedad. Es decir, menos propietarios con una sola vivienda, y más multipropietarios y grandes tenedores.
Antes de que IDRA cuestionara la efectividad del acuerdo, el Sindicat de Llogateres había señalado como «limitaciones serias» la falta de algún «mecanismo» para evitar la compra de edificios enteros para luego revenderlos más caros al cabo de poco, y el hecho de que la norma solo afecte a los grandes tenedores, y no también a las personas que tienen menos de cinco viviendas.