El Estado del bienestar ha sido uno de los grandes logros históricos del siglo XX. No nació como un invento socialista —pese a lo que repiten ciertos tecnolibertarios de escaso fuste teórico—, sino como una confluencia amplia: desde la doctrina social de la Iglesia hasta el socialismo democrático, la presión de las “Trade Unions” o Bismark, reforzado a lo largo de los años por propias teorías liberales de la justicia como la de John Rawls. Todas ellas compartían una intuición básica: sin igualdad de oportunidades, sin servicios públicos robustos, no hay sociedad cohesionada ni democracia estable.
Durante los llamados treinta gloriosos, este modelo permitió algo excepcional: crecimiento económico sostenido, aumento de la productividad y ampliación masiva de derechos sociales. Europa lo hizo con Estados del bienestar fuertes; Estados Unidos, con un modelo distinto pero con avances redistributivos significativos hasta los años setenta. Como recordaba William Beveridge, la protección social no era caridad, sino una inversión colectiva contra los grandes riesgos de la vida.
Hoy, sin embargo, el Estado del bienestar cruje. Y no solo por razones ideológicas. En territorios como Cataluña, la población ha crecido de forma muy significativa desde el año 2000, tanto en volumen como en diversidad social. La demanda de sanidad, educación, seguridad, vivienda o energía es objetivamente mayor. La pregunta incómoda es evidente: ¿han crecido en la misma proporción las dotaciones, los servicios y la planificación? La respuesta es no.
El debate público suele refugiarse en un mantra conocido: gastamos demasiado, el Estado es ineficiente, no nos lo podemos permitir. Es el pesimismo clásico de cierta economía conservadora, convertido en aviso de navegantes. Pero esta narrativa oculta un dato central: el crecimiento económico también ha sido crecimiento recaudatorio. Desde comienzos de siglo, la recaudación por IVA, IRPF y Sociedades en España —y también en Cataluña— ha aumentado de forma muy notable en términos absolutos, acompañando al crecimiento del PIB y del empleo. La cuestión no es si hay más ingresos; la cuestión es cómo se redistribuyen y a qué prioridades responden. Y esto sin incluir un debate pendiente, de como la reestructuración del mercado de trabajo debe hacer mantener los impuestos en bases a la robotización o la incorporación de la IA.
Aquí está el nudo del problema. Se discute hasta el agotamiento el tamaño del Estado, pero se evita debatir la asignación del aumento recaudatorio. Se acepta con naturalidad que suba la presión indirecta vía IVA, o que el esfuerzo fiscal recaiga sobre rentas del trabajo, mientras se posterga la inversión estructural en sanidad, vivienda pública o servicios de proximidad. Rawls lo formuló con claridad: las desigualdades solo son aceptables si benefician a los peor situados. Cuando crecen el PIB y la recaudación, pero no mejoran los servicios ni los salarios reales, el contrato social se resiente.
Esta disfunción tiene efectos políticos muy concretos. La mala gestión —o la falta de adaptación— del Estado del bienestar genera frustración cotidiana: listas de espera, precios de vivienda inasumibles, transporte saturado, servicios sociales desbordados. Ese malestar es el caldo de cultivo perfecto para un discurso reaccionario que mezcla sin pudor recetas simples: achicar el Estado, recortar servicios, expulsar inmigrantes, retroceder en derechos. Todo vale.
Lo más inquietante es que este discurso ya no se nutre solo de votantes tradicionales de la derecha, sino también de antiguos votantes de izquierdas, desilusionados por la deriva de los servicios públicos. Cuando la izquierda se refugia en el simbolismo, en el “wokismo” retórico o en batallas culturales desconectadas de la vida material, deja huérfanos a quienes esperan soluciones muy concretas: sanidad que funcione, vivienda asequible, coste de la vida soportable.
Conviene decirlo sin rodeos: la extrema derecha no crece solo por lo que promete, sino por lo que otros no han sabido gestionar y comunicar. Si el Estado del bienestar se percibe como caro, ineficiente e incapaz de responder a una sociedad más numerosa y compleja, su legitimidad se erosiona. Y cuando se erosiona, no se corrige sola: se rompe.
El problema no es que el Estado del bienestar haya ido demasiado lejos. El problema es haber renunciado a gobernarlo, a planificarlo y a redistribuir con criterio el crecimiento que sí se ha producido. Seguir ignorando esta realidad no es neutral: es, de hecho, la forma más eficaz de descoser definitivamente sus costuras.