Nuevo caso de fraccionamiento de contratos detectado por la Sindicatura de Cuentas. En este caso se trata de gastos en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) en 2023.
En un informe hecho público este miércoles, se apunta a que en algunos de los contratos revisados se han detectado incidencias relacionadas con la contratación separada de prestaciones que deberían haber sido objeto de un único contrato por el hecho de constituir una unidad operativa o funcional, o que están relacionadas con contrataciones sucesivas para cubrir necesidades recurrentes o previsibles. Estas incidencias han provocado la elusión de los requisitos de publicidad o los relativos a los procedimientos de contratación correspondientes. Por ello, constituyen un «fraccionamiento indebido del contrato».
En 2023 se adjudicaron 553 contratos, por un importe total de 9,52 millones de euros. Por ello, la Sindicatura propone programar adecuadamente la licitación y la adjudicación de todos los contratos para evitar la utilización de la contratación menor de forma sustitutoria, especialmente en los casos de servicios recurrentes.
El ISPC es un organismo autónomo de carácter administrativo, adscrito al Departamento de Interior y tiene como funciones principales gestionar la formación de los miembros de los servicios de seguridad, la creación y selección de los colectivos profesionales y la promoción del estudio y la investigación en el ámbito de la seguridad.
Revisión de las cuentas
El trabajo de esta fiscalización de seguridad limitada ha incluido la revisión de los aspectos legales y económicos del Instituto de Seguridad Pública relacionados con las cuentas anuales, la contratación administrativa, el personal, la transparencia y el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad de la información y protección de datos de carácter personal, correspondientes al ejercicio 2023. La última auditoría de la Sindicatura al ISPC había sido en el año 2009.
En 2023 el ISPC tenía un activo de 39,6 millones de euros, ingresos de 15,6 millones y gastos de 21,2 millones. El resultado presupuestario ajustado fue de 3,2 millones. La plantilla era de 137 efectivos, con un presupuesto dedicado a personal de 5,7 millones de euros.
El organismo no disponía de un inventario actualizado de su inmovilizado con la identificación individualizada de cada bien. Además, no tenía actualizada la información relativa a sus bienes en el gestor del patrimonio de la Generalidad de Cataluña. El balance no incluía todos los bienes inmuebles cedidos o adscritos, ni los vehículos cedidos o adscritos correspondientes a su parque móvil. El Instituto no disponía de ningún documento formal de la cesión o adscripciones de algunos de los edificios y construcciones con que contaba.
Recomendaciones
Finalmente, la Sindicatura hace tres recomendaciones sobre algunos aspectos señalados en el trabajo de fiscalización. La primera es hacer una revisión o actualización de la normativa relativa a los precios públicos.
La Sindicatura de Cuentas también recomienda revisar los circuitos internos respecto de las designaciones de docentes, para asegurarse de que las resoluciones de designaciones de los docentes y las respectivas comunicaciones se hagan siempre antes del inicio del curso.
Finalmente, propone efectuar una adecuada planificación temporal para mantener actualizadas la información y la documentación necesarias para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las diferentes normativas.