El Govern de la Generalidad de Cataluña ha registrado una enmienda en el marco de la tramitación de la regularización extraordinaria de personas migrantes para que el conocimiento del catalán se tenga en cuenta en la renovación de los permisos de residencia.
La propuesta plantea que, en los territorios con lengua propia, el grado de integración lingüística pueda formar parte de los criterios de valoración cuando deban prorrogarse las autorizaciones concedidas dentro de este proceso. El objetivo es reforzar el papel del catalán como herramienta de arraigo y cohesión social, según fuentes del ejecutivo catalán.
El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha concretado que el nivel de lengua que se pretende exigir es el inicial, de manera que la acreditación no suponga una barrera inasumible para las personas que se quieran acoger al proceso de regularización extraordinario. El Gobierno defiende que se trata de un requisito proporcional y alineado con las políticas públicas de acogida.
La enmienda se inserta en la negociación con el Gobierno de España, impulsor de la regularización extraordinaria para personas que ya residen en el Estado y cumplen determinados requisitos de permanencia y ausencia de antecedentes. El redactado inicial no incluía ninguna referencia específica a las lenguas cooficiales en los criterios de renovación.
Más recursos para la formación
Varias entidades sociales han reclamado que, si prospera la propuesta, vaya acompañada de más recursos para la formación en catalán y el acompañamiento administrativo, para garantizar que el requisito lingüístico no genere desigualdades.
La iniciativa del Govern pone el foco en la renovación —no en la concesión inicial— de los permisos, con la voluntad de incorporar el catalán como elemento de integración progresiva dentro del modelo de acogida. El debate continuará ahora en el ámbito parlamentario y en la negociación intergubernamental, donde se deberá concretar el alcance definitivo de la enmienda y su aplicación práctica.