El contencioso administrativo contra el convenio entre el Estado y la Generalitat de Cataluña para la construcción del Cuarto Cinturón entre Terrassa y Castellar del Vallès se traslada a Madrid para ser juzgado en la Audiencia Nacional, a raíz de una petición de la Abogacía del Estado estimada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La oposición a la competencia del TSJC formulada por la Abogacía del Estado ha sido sostenida por la Fiscalía, que considera que uno de los firmantes del convenio, el Ministerio de Transportes, actúa en virtud de competencias en el ámbito estatal. La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), impulsora del recurso, por su parte, critica que el TSJC no haya defendido sus competencias en «una expresión de debilidad».
La Campanya Contra el Quart Cinturó, representada legalmente por la Asociación por la Defensa y el Estudio de la Naturaleza (ADENC), sostiene que el Ministerio de Transportes justifica la construcción del Cuarto Cinturón amparándose solo en presuntas previsiones del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona y del Plan Específico de Movilidad del Vallès. Ambos son instrumentos de planificación de ámbito territorial catalán, sobre los que la Generalitat tiene competencias exclusivas recogidas en el Estatuto. En consecuencia, argumentan que el TSJC, como máximo órgano judicial de Cataluña, debería juzgar esta causa.
La CCQC reprocha al TSJC que no ha defendido las competencias que le son propias. Asegura que la renuncia a juzgar el caso desde el ámbito jurisdiccional territorial que corresponde en favor de la Audiencia Nacional es una muestra de debilidad de quien se ve como un órgano subsidiario, como una delegación sin atribuciones.