El Gobierno catalán y la Iglesia catalana han firmado este lunes un protocolo para que las diócesis de la provincia eclesiástica Tarraconense cedan inmuebles para la promoción de vivienda social. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense y arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, han presentado el acuerdo en el Palacio de la Generalitat, que permitirá crear vivienda social con bienes de titularidad de la Iglesia católica.
El protocolo permitirá los cambios normativos que lo hagan viable, sin alterar el título de propiedad. La Iglesia retendrá la titularidad de los edificios que cederá para vivienda social, pero los gestionará la Generalitat. Planellas ha reclamado que el acceso a la vivienda sea un «tema de país», e Illa ha celebrado el acuerdo con la Iglesia.
El acuerdo firmado prevé que la Iglesia católica en Cataluña cederá patrimonio que pertenece a los arzobispados de Barcelona y Tarragona, y de los obispados de Urgell, Girona, Vic, Lleida, Solsona, Tortosa, Terrassa y Sant Feliu de Llobregat. En concreto se trata de decenas de solares e inmuebles a rehabilitar -pues ahora están en desuso.
El acuerdo firmado hoy tendrá una vigencia de cuatro años. Al acto han asistido la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque y el consejero de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Ribagorza.
El arzobispo Planellas ha reclamado que el acceso a la vivienda sea un asunto de país, mientras que el presidente Illa ha celebrado el acuerdo y ha puesto la vivienda como centro de sus políticas, con el objetivo de tener 50.000 nuevas viviendas sociales en el año 2030.
Vivienda pública
La Generalitat ya ha adquirido 5.491 viviendas destinadas al parque público de alquiler entre 2021 y 2025, según datos de la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC).
En los últimos cinco años, la Agencia de la Vivienda ha incorporado 3.071 por medio de tanteo y retracto, que se suman a un volumen similar al de los cinco años anteriores. Un 12% del total de inmuebles obtenidos en la última década no están en manos de inquilinos, o bien porque están ocupados ilegalmente o en proceso de adecuación.
Además, desde 2021, Incasol ha comprado 2.420 inmuebles más por adquisición directa. Por otro lado, en la última década, la Sareb ha cedido 894 viviendas a la Generalitat, de las que 606 se han destinado a alquiler social.