El 17 de mayo de 2018 Quim Torra tomaba posesión como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Quince días más tarde, el 1 de junio, Pedro Sánchez se convertía en presidente de España tras ganar una moción de censura contra Mariano Rajoy. De esta coincidencia, se habló mucho, pues dio esperanzas, a ambos lados del Ebro, a aquellos que querían solucionar el «procés», fueran o no independentistas. Antes de eso, las posturas entre Rajoy y Puigdemont estaban encalladas, en un punto muerto, de no retorno.
El hecho de sustituir a unas personas por otras y que el partido gobernante en el Estado hubiera cambiado –PP por PSOE– dio pie a expectativas de entendimiento, de mano tendida y de diálogo. Las interlocuciones también variaron. Elsa Artadi fue nombrada, por Torra, consejera de Presidencia; y Meritxell Batet fue elegida, por Sánchez, ministra de Política Territorial. Es decir, Moncloa escogía a una catalana para una cartera en aquel momento muy sensible, cuya prioridad era establecer puentes con la Generalitat.
Una de las primeras cosas que hizo el líder socialista fue citar al presidente Torra en Madrid, con la intención de iniciar un deshielo y de coger el toro por los cuernos. Así pues, se concretó fecha en dicho encuentro: 9 de julio. Artadi y Batet, las semanas previas, fueron preparando el orden del día de la reunión, herramienta básica para que la entrevista entre los dos mandatarios tuviera, a priori, un cierto éxito. Parece ser que la búsqueda de los puntos a tratar no fue fácil, pues los temas no eran coincidentes en una y otra administración. El caso es que entre los medios de comunicación había cierta, y obvia, inquietud de conocerlos.
En una rueda de prensa, la portavoz del Consell Executiu fue requerida insistentemente en los ítems que Sánchez y Torra tocarían en su encuentro. Para dar una pequeña pista, Artadi dijo que «la voluntad» de Torra era «hablar más del conflicto existente en Cataluña que de cuestiones más puntuales» (Diari de Girona, 13 de junio de 2018); y lo ejemplificó, suponemos que espontáneamente, diciendo que «el objeto no es entrar en temas sectoriales ni en si habrá 100 millones más para Rodalies o no» (sic). Para ella, o para Torra, la preferencia a la hora de poner algo encima de la mesa era escuchar cuál era «la oferta del gobierno español» para Cataluña y saber de qué manera pensaba «dar respuesta al pueblo catalán», así, en genérico.
Sí, habéis leído bien: Rodalies era un tema «sectorial»; en otras palabras, secundario. Las grandes preocupaciones, entonces, de la primera autoridad del país –y, por extensión, de sus consejeros y de los partidos parlamentarios que le apoyaban– eran el conflicto, la respuesta, el pueblo. Expresiones grandilocuentes, pero muy abstractas, a las que podríamos añadir, por usar la nomenclatura de aquella época, autodeterminación, referéndum o derecho a decidir.
Los transportes públicos en general y Rodalies en particular son elementos indispensables –esto no lo discute nadie– en el día a día de la gente, que repercuten en su trabajo, en su conciliación familiar y en su bolsillo. Garantizar su funcionamiento, en todo momento, es una obligación de las administraciones públicas. Al ciudadano le da igual si la competencia es de aquí, de allí o compartida; si en el primer vagón pone Renfe o Ferrocarrils; o si en el billete está el logotipo de la Generalitat, del Ministerio o de la Diputación. Los pasajeros quieren que funcione, que los lleve de un lugar a otro en un plazo de tiempo razonable.
Pero he aquí que cuando la primera institución catalana tuvo la ocasión de conversar de tú a tú, y cara a cara, con el máximo representante del gobierno español no sacó a relucir un asunto que afectaba a 400.000 catalanes y catalanas, votaran a quien votaran, sino que basó su discurso en palabras, insistimos y recordémoslo, como república, independencia o soberanía. Ni rastro de trenes, de vías, de andenes; y mucho menos, de usuarios.
