El Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca han activado un dispositivo conjunto para desalojar temporalmente una parte del asentamiento ubicado en la calle 2 de la Zona Franca, tras detectar un problema de salubridad por la presencia de ratas, con riesgos tanto para las personas que pernoctan como para el conjunto del polígono industrial. En el campamento viven unos 175 ciudadanos y la actuación se centra sólo en un área donde se aplicarán productos fitosanitarios y no se podrá estar. Las personas que vivían allí, que se han marchado pacíficamente con las pertenencias que han podido recoger, han alertado de que no tienen dónde ir y muchos se han instalado unos metros más allá.
La Guardia Urbana ha liderado el operativo con el apoyo de los Mossos d’Esquadra y servicios sociales y de limpieza, todos equipados con equipos de protección individual (EPI). También han participado la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
En declaraciones recogidas por la ACN, una de las personas instaladas en este punto, Edwin Segura, ha asegurado que «las ratas ya estaban desde que llegaron» y ha considerado que «es mentira» que el desalojo sea por estos roedores. En este sentido, ha sugerido hacer «un día cívico» para limpiar la zona «sin necesidad» de echarlos y ha pedido un «techo donde no mojarse». «¿Hacia dónde tenemos que ir? Porque allí donde vayamos nos echarán», se ha quejado, definiendo la situación como «frustrante».
Por su parte, la responsable del equipo jurídico de Arrels Fundació, Eva Hobeich, ha concretado que, según les han informado las personas atendidas, «se están poniendo a 10 o 15 metros más allá», y ha recalcado que «al final, no desaparecerán». Hobeich ha criticado que se lleva «una temporada que prácticamente cada mes hay un desalojo encubierto» y ha explicado que durante el procedimiento se han hecho identificaciones de las personas.
Una actuación «imprescindible»
Según ha explicado la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Fuertes, esta actuación no es un desalojo como tal, sino que se trata de un «levantamiento de una zona concreta» por razones de salubridad, una operación «sectorizada» porque solo se interviene sobre el área donde se han acumulado más personas y, en consecuencia, más volumen de residuos y mayor presencia de roedores. Al mismo tiempo, ha explicado que el tratamiento fitosanitario que se hará en el espacio impedirá que se pueda pernoctar durante un tiempo.
Según Fuertes, «estas personas no solo ya tenían una información previa de la actuación, sino que, además, no se les está pidiendo que se vayan, solo que no se queden donde se debe hacer el tratamiento«. Por su parte, el delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, ha afirmado que era «imprescindible» llevar a cabo esta actuación y ha destacado que la situación ponía en riesgo la salud, «tanto de las personas que viven en ella como del conjunto de trabajadores del polígono industrial».
Atención social
Aunque la actuación de este martes solo afecta a un sector muy específico, el Ayuntamiento y el consorcio calculan que en el conjunto del asentamiento viven unas 175 personas, mayoritariamente migrantes con estancias muy recientes en Barcelona. Fuertes ha detallado que cerca del 50% de los individuos hace menos de un año que están, y el 40% hace menos de seis meses que reside en ellos.
La comisionada de Acción Social ha asegurado que desde finales de 2023, durante 2024 y especialmente a lo largo de 2025 los equipos municipales han intensificado el contacto con las personas del campamento y que algunas «ya no están» porque «están durmiendo o bien en los espacios habilitados de operación frío o bien en centros de primera acogida». En este sentido, ha remarcado el intenso trabajo que se está haciendo desde los servicios sociales, con los equipos especializados de calle, y a través del Servicio de Atención a Personas Refugiadas y Migradas (SAIER).
«Lo que se está haciendo es intentar vincular a estas personas para que vayan teniendo poco a poco una salida», ha indicado Fuertes, que ha admitido que es un proceso complejo y ha dicho que una veintena de los habitantes de este asentamiento ha preferido no aceptar la ayuda. Sin embargo, se ha mostrado optimista y ha apuntado que muchos individuos ya han dado este paso y ya disponen de un plan de trabajo.
