Entidades de acompañamiento a personas migrantes alertan de que la nueva regularización impulsada por el Gobierno de España está generando una gran confusión entre los posibles beneficiarios. Según explican en la Agència Catalana de Notícies (ACN), en los últimos días han aumentado las consultas sobre plazos, requisitos y derechos asociados al proceso. Uno de los errores más habituales es confundir el permiso de residencia con la nacionalidad. «La residencia no es la nacionalidad«, advierte el abogado Bernardo Casique, que asesora a migrantes en Barcelona y celebra una medida que considera «acertada», pero sobre la que detecta «desinformación».
Casique también pone en duda que las solicitudes se puedan resolver en pocos meses, ya que implican informes del Registro Central de Penados y Rebeldes y de la Dirección General de Policía. Al mismo tiempo, alerta de que no se pueden equiparar detenciones policiales con antecedentes penales y reclama más garantías para que este criterio no comporte denegaciones injustas. En la misma línea, entidades como Mujeres Pa’lante y la Fundación ACSAR reclaman más recursos económicos y humanos para evitar un «cuello de botella» en las oficinas de Extranjería, tal y como ya pasó con cambios normativos anteriores.
Las asociaciones valoran positivamente que la regularización permita trabajar y cotizar desde el primer día, pero insisten en la necesidad de mejorar el acompañamiento y la información. Desde ACSAR, el técnico Ramon Català defiende la creación de una ventanilla única para agilizar los trámites y facilitar el acceso a los derechos y subraya la importancia de combatir la desinformación y los discursos de odio. El proceso de regularización, previsto entre abril y junio de 2026, se articula mediante un real decreto y se dirige a personas que ya vivían en España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan acreditar cinco meses de permanencia continuada.