La Fiscalía ha considerado que Junts per Catalunya es responsable de la mayor parte del «sufrimiento» del exdiputado y ahora senador del partido Eduard Pujol por haberlo suspendido de militancia en 2020, sin abrirle expediente previo, a raíz de dos denuncias por acoso sexual que luego no fueron presentadas ante la justicia.
En el informe final del juicio contra una de las mujeres que lo denunció, el fiscal ha considerado prescritas las injurias y calumnias contra el político juntista, y que el acoso no se ha podido demostrar. No obstante, ha admitido que Pujol habría sufrido lo que él mismo consideró una «muerte civil» porque el partido tomó una medida sin suficiente fundamento.
El juicio ha quedado visto para sentencia tras una primera sesión hace tres semanas y una segunda sesión celebrada este jueves, durante la que han declarado peritos y un testigo. Pujol ha pedido que se condene a prisión a la acusada por tres delitos y al pago de una indemnización.
En cambio, la defensa de la mujer ha pedido la absolución aduciendo una falta de prueba sobre los hechos denunciados. Además, los ha considerado prescritos y ha señalado la existencia de dilaciones indebidas. A la vez, como la Fiscalía, también considera que Junts es más responsable de la afectación que sufrió Pujol que la acusada.
El caso se remonta a 2018, cuando ambos mantuvieron relaciones sexuales esporádicas entre agosto de ese año y enero de 2019. La mujer, «aprovechando la condición de diputado parlamentario de Pujol, el 19 de febrero de 2019 inició acciones de presión, atemorización y difamación contra él a través de mensajes que le dirigía por WhatsApp y publicaciones en redes sociales para que él no decidiera acabar la relación personal entre los dos», según hizo constar el juez instructor. Finalmente, la acusada comenzó a presentarse en estas redes y mensajes como una «víctima» de Pujol, y «le imputaba falsamente actos de agresión» o violación.
En octubre de 2020, la misma mujer, junto con una concejala de Pineda de Mar que había contactado con ella, se dirigió a Junts «afirmando que había sido objeto de acoso sexual» por parte de Pujol. Días después, el partido suspendió de militancia al entonces diputado y portavoz del Parlamento de Cataluña, que también se quedó sin el acta de diputado. En diciembre de 2020, Pujol denunció los dos casos en la justicia, mientras que las dos supuestas víctimas no llevaron el caso ni a la policía ni a los juzgados. En junio de 2021, Junts restituyó la militancia de Pujol, que posteriormente volvió a la política institucional.