La crisis de Rodalies ha expuesto una contradicción: Eduard Gràcia, economista vinculado a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y considerado hombre de confianza de Carles Puigdemont, ocupa una silla en el consejo de administración de la operadora estatal Renfe, mientras que Junts per Catalunya (JxCat) ha criticado públicamente la gestión y la falta de inversiones del servicio ferroviario.
Eduard Gràcia fue designado vocal del consejo de Renfe a finales de 2024, en el marco de los pactos para la investidura de Pedro Sánchez, con la misión –según la explicación oficial– de velar por los intereses de Cataluña desde dentro de esta empresa, que depende del Ministerio de Transportes. Su puesto conlleva remuneraciones del orden de unos 1.000 euros por reunión y gastos de viaje.
La incoherencia que ha llamado la atención es que, mientras Junts ha cargado contra el Gobierno y Renfe por la crisis de Rodalies –con críticas de figuras como Puigdemont sobre «ineptitud» y demandas de dimisiones incluidas–, su representante en el consejo de la operadora no ha abandonado el cargo, ni se ha hecho público ningún gesto de disidencia formal desde dentro del órgano decisorio de Renfe.