El Gobierno de la Generalitat ha impuesto las 13 primeras sanciones por incumplimientos relacionados con las medidas para contener el precio de los alquileres en todo el territorio. En conjunto, el dispositivo sancionador cuenta con 13 expedientes abiertos, 7 tramitados por la Agencia Catalana del Consumo y 6 por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, además de 132 actuaciones en fase de diligencias previas (77 en el ámbito de Vivienda y 55 en Consumo) que se encuentran en diferentes estadios de análisis y que, una vez acreditados los posibles incumplimientos, pueden derivar en la incoación de nuevos procedimientos sancionadores. Además, ya se han archivado 26 expedientes más, que una vez examinados se determinó que no entraban en los supuestos previstos en la ley.
Precisamente, la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciado que su grupo se sentará a negociar con el Gobierno los presupuestos de la Generalitat para 2026 después de que el ejecutivo haya puesto las 12 primeras multas por incumplir la ley de vivienda.
Entre los expedientes abiertos por Consumo, hay un caso grave por no incluir la información del índice de referencia ni la etiqueta de eficiencia energética, con una sanción que puede llegar a los 25.000 euros. Además, ya se han impuesto dos sanciones graves por un total de 27.000 euros, en un caso por incrementar la renta sin justificar los conceptos y, en el otro, por ejercer y firmar como administrador de fincas colegiado sin estarlo. Cuatro expedientes más corresponden a infracciones leves por no informar del índice de precios en anuncios de viviendas situadas en zonas de mercado tenso. Una de las sanciones impuestas y que ya se ha pagado ha sido de 1.750 euros y las otras tres, pueden ser de hasta 10.000 euros.
En cuanto a los procedimientos abiertos por la Agencia de la Vivienda de Cataluña hay dos expedientes con sanción de 30.000 euros, dos más de 3.000 euros y los dos últimos están pendientes de determinar.
Las infracciones, leves o graves, pueden derivar a multas entre 3.000 y 90.000 euros. Estos expedientes derivan de las actuaciones inspectoras de la Agencia Catalana del Consumo y la Agencia de la Vivienda de Cataluña, tanto a partir de denuncias de particulares como de actuaciones de oficio basadas en el análisis de datos.
A raíz de la entrada en vigor de la Ley 11/2025 de medidas en materia de vivienda y urbanismo y del Decreto-ley 1/2025, todas las obligaciones informativas en los anuncios de alquiler son de aplicación directa a las viviendas de uso residencial situadas en zonas de mercado tenso, independientemente de la duración del contrato.