La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha instado a los grupos parlamentarios a fomentar fórmulas alternativas al desamparo de los menores y que los menores desamparados vivan mayoritariamente con familias acogedoras, y no en centros residenciales como ocurre ahora. Además, según Giménez-Salinas, estos centros deberían ser públicos, como ocurre con los centros de justicia juvenil, y no privados, como ocurre ahora en el 80% de los casos. Por último, ha propuesto que es necesario que sea un juez quien apruebe definitivamente el desamparo de los menores, y no la Generalitat, como también ocurre ahora.
En su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento sobre la actividad de la antigua DGAIA, Giménez-Salinas ha explicado que hace más de 40 años que los expertos recomiendan estas medidas, pero se ha mostrado decepcionada por el hecho de que no se haya hecho nada en esta dirección, y ve improbable que se haga en los próximos dos años. Aun así, ha pedido que «en algún momento habrá que empezar».
Así, por ejemplo, ante el hecho de que no aumenta el número de familias acogedoras, ha instado a buscar fórmulas intermedias, donde los menores desamparados estén con la familia extensa, en hogares de acogida supervisados por educadores, o incluso con sus familias biológicas pero bajo estricto control de la administración. De hecho, ha pedido que la ley prohíba que los menores de 0 a 6 años estén en centros residenciales.
También considera que la ayuda y el control de esta protección no deberían recaer sobre las mismas personas o instituciones.
Irregularidades
En la comisión también ha intervenido la Sindicatura de Cuentas, un informe de la que puso al descubierto las irregularidades en pagos a jóvenes extutelados. El síndico mayor, Miquel Salazar, y la síndica Maria Àngels Cabasés han lamentado la descoordinación interna de la Generalitat y externa, con las entidades proveedoras, a la hora de gestionar las ayudas a los jóvenes extutelados.
Así, han asegurado que no ha habido suficiente control de la ejecución de los contratos con las entidades privadas y han afirmado que algunas cláusulas contractuales no se han cumplido. No obstante, han dicho que si la entidad o empresa no está inhabilitada judicialmente para firmar contratos públicos, lo puede seguir haciendo, aunque haya incumplido contratos anteriores.