La Asociación en Defensa de los Derechos de los Animales (ADDA) ha pedido al Gobierno de la Generalitat una moratoria a la construcción de complejos ganaderos industriales porcinos, así como una reducción progresiva de la cabaña en régimen intensivo. Este planteamiento de la entidad llega tras el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en noviembre pasado.
ADDA ha criticado que el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Óscar Ordeig, haya calificado el modelo actual como «alimentación saludable, suficiente, segura y sostenible», y ha destacado que no tiene en cuenta los impactos ambientales, sanitarios y de bienestar animal.
La apuesta de la entidad es una transición con plazos claros hacia un sistema basado en la producción extensiva y con menos subvenciones para este sector. Entre más peticiones concretas, ADDA quiere la inclusión de entidades ecologistas, pequeño campesinado y ciencia independiente en los procesos de decisión, y el apoyo a ecosistemas con presencia de predadores naturales.
Además, ha solicitado información transparente sobre los efectos ambientales y sanitarios del modelo actual, que se promueva la reducción del consumo de carne y se amplíen las normas de bienestar animal a toda la ganadería intensiva.
La asociación también ha exigido que se reconsidere la estrategia del biogás y ha subrayado que el sector genera contaminación por nitratos en aguas subterráneas y superficiales en una parte significativa de los municipios catalanes, un consumo elevado de agua y exportaciones que representan cerca del 60% de la producción.
Por otro lado, ha expresado sus dudas sobre el origen del brote de PPA y ha criticado la gestión de la fauna salvaje mediante controles poblacionales.