La Fiscalía de Odio y Discriminación ha abierto diligencias de investigación por varios delitos, entre ellos de odio, al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, a raíz del desalojo el pasado 17 de diciembre del antiguo instituto B9 de esta localidad, que dejó en la calle a alrededor de 400 migrantes.
El pasado 24 de diciembre, el eurodiputado de Comuns Jaume Asens presentó una denuncia penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra Albiol por cuatro posibles delitos relacionados con el macrodesalojo del antiguo instituto B9, en el que vivían, en su mayoría, migrantes subsaharianos.
Por su parte, el Ayuntamiento de Badalona ha calificado de «despropósito» la denuncia presentada por los Comuns. Fuentes municipales han considerado que «es un intento más de utilizar la justicia como un mecanismo en favor de sus intereses, pervirtiéndola y acudiendo a ella de forma continua sin fundamentación ni técnica ni jurídica».
Así, desde el gobierno local se ha defendido que la actuación municipal cumplió de forma «escrupulosa» con la resolución judicial que autorizaba el desalojo. También ha remarcado que se ha trabajado de manera coordinada con los servicios sociales en todo momento.
La denuncia sostenía que Albiol había podido cometer los delitos de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y de prevaricación administrativa. Tras la denuncia presentada por este partido político, la Fiscalía de Odio y Discriminación ha abierto diligencias de investigación, según han informado a Efe fuentes del Ministerio público.
En su escrito a la Fiscalía, Asens alegaba que la resolución judicial que dio lugar al desalojo condicionaba lo mismo a que se «garantizara una alternativa residencial a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de las personas sin techo», de manera que el primero quedaba «expresamente condicionado» al segundo.
Pese a ello, indicaba la denuncia, Albiol dijo en reiteradas ocasiones que el consistorio «no iba a ofrecer alojamiento ni recursos residenciales» y, así, «persistió en una actuación contraria al mandato judicial», sostiene Asens en su escrito. El eurodiputado, que es abogado, denunció, además, la «tolerancia institucional» del Ayuntamiento de Badalona con los «episodios de bloqueo y presión vecinal» que impidió que los migrantes desalojados pudieran dormir en los recursos habitaciones proporcionados por entidades sociales.
Aclaraciones
La apertura de estas diligencias de investigación se suman a otro procedimiento judicial, ya que el pasado mes de diciembre la Fiscalía pidió al juzgado que autorizó el desalojo que instara al Ayuntamiento de Badalona a aclarar de manera urgente si había ofrecido la «atención adecuada» y una alternativa residencial a los migrantes desalojados, como ordenaba el mandato judicial.
La Fiscalía planteó esta petición ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Barcelona que autorizó el desalojo, requiriendo de manera urgente al Ayuntamiento de Badalona para que entregara un informe sobre las incidencias producidas durante el desahucio y de qué modo se estaba dando cumplimiento al mandato del juzgado para que los servicios sociales prestaran la «atención adecuada» a las personas sin techo desalojadas.
