Aunque los medios, mayoritariamente, evitan cualquier alusión al caso de la querella por estafa contra el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, el análisis de los últimos episodios procesales resulta de interés por el inevitable paralelismo de la historia de ruina y posterior desaparición del Reus con el estilo de gobierno, frívolo y dejado, y el angustiante empeoramiento de la situación económica y financiera del Barça desde 2021.
Laporta, que ha negado siempre, y lo hizo de nuevo el pasado día 16 ante el juzgado, tener nada que ver con el Reus, se ha visto ahora señalado por la aparición de nuevos documentos que le vinculan, en concreto el de su propia firma, en uno de los contratos de CSSB Limited, que es el objeto de una de las querellas por estafa presentadas contra él.
No son buenas noticias que el juez sepa que Laporta lo ha engañado en su testimonio ni tampoco por el barcelonismo que lo sigue percibiendo como un líder que asegura «haber salvado al Barça».
Hay una dinámica común, esto es evidente, entre la agonía del Reus y el Barça de Laporta, ya que también el Reus se deterioró hasta su extinción mientras la presidencia de Joan Oliver —hombre de confianza máxima de Laporta— negaba el avance de la precariedad, de la dilapidación de sus recursos y el amargor financiera.
El discurso de Oliver fue, hasta el último suspiro del Reus, de promesas sobre nuevas fuentes de ingresos y de negocios infalibles como el de comprar un club chino de tercera división, empresa en la que el propio Laporta, con Joan Oliver, Xavier Sala-Martín y Rafael Yuste, participaron con el aval de su experiencia y ‘éxitos’ en el Barça entre 2003 y 2010 para captar inversores.
Hoy se sabe que no había ni rastro de certeza ni de garantías, que todo era humo y mentiras que sólo están saliendo a la luz muchos años después, por desgracia y demasiado tarde para la centenaria institución ya desaparecida.
Cuatro querellas
Las cuestiones procesales concretas enfrentan el planteamiento de las víctimas de las cuatro querellas en curso con la desvinculación de Laporta quien, ante el juez, tras establecer que si hubo incumplimiento con los inversores fue por motivos contractuales, no por estafa ni engaño, sostuvo que no firmó contratos ni gestionó directamente las actividades de las sociedades Core Store y CSSB Limited., ambas directamente responsables de todas las operaciones que condujeron a que, de la noche al día, el Reus desapareciera como institución dejando un rastro de ruina, deudas e inversores.
Laporta tiene derecho a mentir al juez en su condición de investigado, igual que hace años que lo hace con los socios del Barça asegurando, y todavía persiste en eso, que él nunca tuvo nada que ver con la gestión del Reus y que, si hay un culpable, ese fue Joan Oliver.
En este punto, cuando la querellante de la vista del día 16 de enero pasado, Maria Teresa Alibau Pach, aporta ante el tribunal la firma de Laporta en un contrato firmado por él mismo como representante de las sociedades Core Store SL y CSSB Limited, así como folletos promocionales con su imagen para atraer inversores prometiendo rentabilidades del 6-7%, cuesta entender la estrategia de defensa de Laporta.
En la primera de las cuatro querellas que ahora avanzan, Laporta negoció un acuerdo para evitar el juicio a cambio de una compensación económica que posteriormente, sin embargo, no satisfizo, lo que ha promovido una segunda querella, en este caso por impago de un acuerdo judicial.
Y en esta segunda también se le ofreció suspender la declaración, tanto la suya como la de sus socios Oliver, Yuste y Sala-Martín, por menos de 100.000 euros. Esta propuesta tampoco la atendió. Todo indica que está convencido de que la querella se archivará o bien, llegado el juicio —la intención es dilatarlo—, no será condenado.
Pruebas a la insrucción judicial
Parece coherente seguir este camino si, de verdad, no hubiera pruebas de su vinculación con los contratos de inversión del caso, pero constan un préstamo de 50.000 euros a Core Store al 6% por el ascenso del Reus Deportiu de Segunda B a Segunda A y 54.000 euros en acciones de CSSB Limited para academias en China inspiradas en La Masia, de los que sólo se devolvieron 12.500 euros. Las otras querellas son una calcomanía.
Según la acusación, la firma de Laporta aparecía en, al menos, un contrato como parte receptora del dinero, extremo que el presidente del Barça negó de forma categórica ante el tribunal. En cuanto al uso de su imagen y de su prestigio, es evidente en los materiales y la documentación utilizados para captar fondos.
Además, el abogado de la querellante, Pepe Oriola, manifestó a la salida del juzgado que «han desaparecido cuatro millones, que nadie sabe dónde están, ni nadie justifica quién se les ha gastado, ni en qué se han invertido, ni en absoluto nada», añadiendo más sombras y amenazas para Laporta si se mantiene en esa posición de distanciamiento e irresponsabilidad sobre los hechos.
Quizás la fecha de la declaración fuera también una especie de trampa procesal, ya que circulaban en los días previos insistentes rumores sobre la aparición de nueva documentación, inequívoca, que vinculaba a Laporta, más allá del reclamo reputacional como expresidente del Barça, en la caza y cobro de los inversores, también a través de su despacho de abogados.
La querellante ha aportado esta prueba a la instrucción unos días más tarde, en una maniobra que seguramente la defensa de Laporta debería haber previsto aplazar la declaración del día 16 pasado hasta esperar a que la instrucción avanzara. O ha sido un error evidente o el abogado del presidente y él mismo han ido sobrados a esta cita. Aunque la acusación puede aportarla en cualquier momento de la instrucción, con un poco de oficio y utilizando ciertos resortes habría evitado este aparente y por ahora parcial 1-0 en el caso.
Investigación de Hacienda sobre Core Store
Oriola anunció que pedirá seis años de prisión por estafa agravada, con posibles 18 años sumando otros casos porque también incluye la instrumentalización de sociedades con problemas financieros y la ausencia de rendición de cuentas sobre fondos invertidos, sostenido por la admisión de la Audiencia de Barcelona para investigar indicios de engaño. Oriola aportará, asegura, más documentos como ingresos bancarios para corroborar su responsabilidad directa.
Quizás la acusación, además de enseñar las garras, está haciendo su trabajo, el de espantar y provocar el miedo de una condena evitable si Laporta, como hizo al principio, se aviene a devolver el dinero.
Pero jugarse la inocencia, como hace ahora Laporta, que no se le podrá relacionar con la gestión de ambas sociedades, parece agobiante y arriesgado a la vista de que ha sido la propia Audiencia Provincial quien ha visto indicios de esta vinculación tras un archivo provisional de la querella.
Otra opción, no descartable, es que Laporta, que se siente inmune e impune ante la ley, como demuestra su estadística regularmente favorable o intrascendente en los juzgados, se vea capaz de reptar este nuevo desafío, el de ser acusado de estafa, con la misma prepotencia, soberbia y arrogancia con que hace gala ante los socios en las asambleas cuando les engaña con cuentas llenas de trucos y trampas que, por cierto, nadie se atreve a impugnar.
Debe ser porque no se sienten engañados, cuando menos todavía, como sí han reaccionado, acudiendo a los juzgados, los inversores del Reus. Quizás sólo es cuestión de tiempo.