Andorra incumple la mayoría de los estándares laborales evaluados por el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, según el último informe sobre la aplicación de la Carta Social Europea. De los siete ámbitos analizados, el Principado sólo obtiene una valoración positiva en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, mientras que suspende en los otros seis, principalmente por la persistencia de la brecha salarial, las carencias en libertad sindical y la protección insuficiente en determinados sectores profesionales.
Uno de los puntos más críticos del informe es la diferencia salarial entre hombres y mujeres, que el Comité considera todavía excesivo. En relación con el artículo 4.3 de la Carta, los expertos concluyen que «no se han hecho progresos medibles en la reducción de la brecha salarial». Los datos aportados indican que, en el año 2023, el salario medio mensual de los hombres se situaba en 2.716,4 euros, mientras que el de las mujeres era de 2.189,4 euros, una diferencia de 527 euros. Aunque la brecha se ha reducido respecto a 2022, cuando era de 675 euros, el Comité considera que la evolución es insuficiente.
El informe también alerta de una «insuficiencia de medidas para fomentar o reforzar la libertad de asociación de los trabajadores», especialmente en sectores con una baja implantación sindical o de nueva creación, como la economía digital. A pesar de reconocer los avances legislativos de los últimos años, como la introducción de los comités de empresa o los procedimientos para elegir representantes de los trabajadores, los expertos constatan que «a pesar de este progreso, la actividad sindical sigue siendo limitada«. En este sentido, señalan que sólo en unas elecciones a órganos de representación hubo candidatos vinculados a un sindicato y que la mayoría de organizaciones existentes tienen una presencia mínima en el sector privado.
Otro de los incumplimientos destacados hace referencia a la protección de los trabajadores del sector sanitario y de los servicios sociales. El Comité denuncia que estos colectivos están expuestos de manera recurrente a jornadas muy prolongadas, que pueden superar las 16 horas diarias o las 60 semanales, e incluso llegar a las 72 horas, «no sólo en circunstancias excepcionales». Además, critica que el Gobierno no haya aportado información clara sobre las garantías existentes para permitir estas situaciones, tal y como exige la Carta.
En cuanto a las nuevas formas de trabajo, el informe señala una cobertura normativa insuficiente, especialmente en materia de salud y seguridad laboral. Esta falta afecta tanto al teletrabajo como a la economía de plataforma, al trabajo doméstico y a los trabajadores autónomos. En este último ámbito, los expertos remarcan que Inspección de Trabajo «no tiene competencia para actuar» y que no se ha informado de ninguna medida alternativa para proteger a estos colectivos, ni tampoco de políticas específicas para prevenir los riesgos psicosociales asociados a estas actividades.
El único aspecto en el que Andorra obtiene una valoración de conformidad es el que corresponde al artículo 20 de la Carta Social Europea, relativo a la igualdad de oportunidades y de trato. El Comité reconoce los avances en la participación femenina en el mercado laboral, el aumento sostenido de mujeres en cargos de responsabilidad —especialmente dentro de la administración pública y el ámbito judicial— y la implantación de mecanismos legales para mejorar la transparencia salarial y la clasificación profesional. También se valora positivamente el proyecto de ley de igualdad que se encuentra actualmente en trámite parlamentario y que prevé la equiparación progresiva de las bajas de maternidad y paternidad.
Ante las conclusiones del informe, el Gobierno de Andorra ha querido rebajar su impacto y ha subrayado que las observaciones del Comité «no constituyen sanciones ni constados de ilegalidad, sino que responden al cumplimiento de estándares europeos exigentes». El ejecutivo defiende que el documento se asume «como una hoja de ruta constructiva para seguir avanzando en el desarrollo de los derechos laborales» y recuerda que algunas de las carencias detectadas ya se han empezado a abordar con posterioridad a la evaluación. Entre estas medidas, destaca la modificación de la Ley de relaciones laborales, pactada con sindicatos y patronal y actualmente a trámite parlamentario, así como el refuerzo, durante el último año, de la recogida de datos sobre la brecha salarial y del registro de los planes de igualdad en las empresas.
