Viene siendo una fatal y peligrosa constante que cada unidad de azulgrana de las querelladas en el caso Negreira intente salvar los muebles por su cuenta. En buena parte porque la propia instrucción ha establecido dos bandos -el laportista con Joan Gaspart de bufón y el eje Sandro Rosell/Josep Maria Bartomeu- en esta batalla de fondo procesal contra el sumo interés de la Fiscalía, de LaLiga y ahora especialmente del Real Madrid por convertir la causa en una bandera que arroje sombras, castigo y venganza contra el mejor Barça de todos los tiempos, liderado por Leo Messi.
El último episodio lo ha protagonizado Josep Maria Bartomeu al oponerse contundentemente a la petición del Real Madrid de acceder, como acusación particular, a auditorías externas, informes forenses, cuentas anuales y actas sobre fiscalidad que puedan aportar datos relevantes entre 2010 y 2021. El objetivo es comparar la contabilidad oficial con los pagos realizados y conocer cómo se gestionaron internamente. Considera que solo así podrá acreditar un posible perjuicio deportivo y la influencia ilícita sobre los árbitros.
Lo que parece una insultante y descarada invasión de la reservada y legítima privacidad de la vida del Barça -entre 2003 y 2018- por parte de Florentino Pérez, una especie de entrada y registro con el único propósito de espiar y conocer los secretos de la administración del Barça, su principal enemigo en todos los frentes de gestión, debería haber provocado no sólo la reacción enérgica y opositora de uno de los cuatro presidentes afectados directa e indirectamente en la causa como ha actuado Josep Maria Bartomeu. Sería lógico y justificado esperar una contundente y negativa defensa contra esta amenaza de intromisión por parte del Real Madrid contra el FC Barcelona que, como figura jurídica querellada, podría acabar perjudicada seriamente en caso de condena.
Consta que Sandro Rosell, el otro presidente investigado, apoya la respuesta de Bartomeu, mientras que no consta, por ahora, que el área legal de Laporta, en quien recae la dirección de la defensa institucional, haya movido un dedo para impedir que la magistrada Alejandra Gil, titular ahora del caso, autorice la solicitud de Florentino Pérez. Extraña carencia de nervio jurídico por parte del club que solo se explica por la no menos peculiar circunstancia de que los dos otros presidentes firmantes de los pagos a José María Enríquez Negreira, Joan Gaspart y Joan Laporta, se salvan de la imputación porque, en su caso, el presunto delito, entre otros, de corrupción deportiva ha prescrito.
La consecuencia es que, como ya ha ocurrido, en las actuaciones procesales de Laporta su interés se ha centrado más en el rédito mediático del tema que en el esfuerzo de salvar a Rosell y Bartomeu de una eventual sentencia por seguir pagando facturas que, precisamente, Gaspart puso en marcha y Laporta subió a medio millón anual por informes que ningún entrenador del Barça ni staff técnico del primer equipo aseguran haber conocido, visto o utilizado. Otro frente de la instrucción que, como la guerra por cuenta de cada presidente, debilita la defensa y da carnaza a la acusación.
La ofensiva actual de Florentino pasa, astutamente, por pedir un imposible, como que el Barça se desnude por completo a ojos de sus analistas económicos, financieros, comerciales y deportivos, cuya negativa también le servirá para alegar que el Barça tiene mucho más que esconder. Forma parte del juego, en este caso añadiendo otra prueba de que el frente azulgrana del caso Negreira no es compacto, pues mientras un expresidente se opone al intrusismo de Florentino, el propio club parece tolerarlo en otro gesto de Laporta que, pese a sus bravatas y discursos anti madridistas, no acaba de dar pasos reales en esta dirección, como romper de verdad su vínculo contractual con la Superliga o regresar al regazo de la UEFA y de la EFC (European Football Clubs).
Sobre la causa, las pruebas de los pagos a un miembro desatacado del estamento arbitral, el vicepresidente técnico nada menos, han resultado ser, objetivamente, tan evidentes, escandalosas y prolongadas en el tiempo como indemostrables que, en la práctica, sirvieran para cambiar las dinámicas a favor de un equipo que no necesitaba -más bien le jugaban regularmente en contra- los favores arbitrales.
El doble problema es que, por un lado, centenares de facturas y más de 8 millones fueron a parar a los bolsillos de un impresentable y fiestero que, en sus declaraciones, afirma haber cobrado para «influir» en un aparato arbitral gobernado por el madridismo. Por otro, que el delito objeto de las diligencias en curso no es exactamente el de comprar árbitros, sino el del haber tratado de depurar el poder merengue histórico dentro del estamento arbitral a través de la figura de Enríquez Negreira. En eso están los abogados de una y otra parte.
Ahora, la defensa de Bartomeu pide al juzgado que rechace la nueva batería de diligencias documentales solicitadas alegando falta de relación con el delito investigado, ausencia de indicios y riesgo de convertir la causa en una investigación prospectiva sobre toda la vida económica del FC Barcelona.
El escrito recuerda que el Real Madrid fue admitido el 11 de mayo de 2023 solo como acusación particular perjudicada por un presunto delito de corrupción en el deporte, limitado a hipotéticos pagos para influir en árbitros en favor del FC Barcelona.
Se invoca la doctrina del Tribunal Supremo: la instrucción no puede transformarse en una pesquisa general, sino que debe ceñirse a hechos concretos y a diligencias con conexión directa con el posible delito, esto es, con el supuesto perjuicio deportivo alegado por el Real Madrid.
La representación de Bartomeu sostiene que las diligencias practicadas hasta ahora han evidenciado una «absoluta falta de prueba» de compra de árbitros y que el Real Madrid ni siquiera ha señalado un solo partido concreto cuyo resultado fuera anómalo por una actuación arbitral corrupta.
Se subraya que no ha aparecido ningún árbitro que haya cobrado del FC Barcelona ni de Negreira, y que en estas condiciones decae la lógica misma de la condición de perjudicado invocada por el club blanco.
Se afirma que las pruebas documentales ahora pedidas ya fueron rechazadas por la Audiencia de Barcelona en un auto, el 2 de mayo de 2024, por posible vulneración de derechos fundamentales y que, además, resultan impertinentes, inútiles, innecesarias y duplicadas, porque los pagos investigados ya constan en autos con amplia base documental (facturas, pagos, informes, inspecciones de Hacienda, etc.).
La defensa denuncia que el Real Madrid pretende un «peinado documental» de 18 años de informes internos (due diligence, forensic, auditorías, informes de compliance, etc.) orientado a conocer la actividad financiera y comercial global del FCB, algo que excede por completo el objeto del procedimiento y atenta a la privacidad empresarial de un rival deportivo y económico.
Se citan expresamente los informes de KPMG y Deloitte de 2010 sobre pérdidas acumuladas en los mandatos de Laporta, y los informes de 2021 promovidos por la actual directiva, presentándolos como documentos internos con claro componente valorativo y finalidad política interna (sembrar dudas sobre las presidencias de Rosell y Bartomeu), sin vinculación con el presunto delito de corrupción deportiva.
Igualmente se rechaza entregar auditorías internas, planes de fichajes, inversiones en La Masía, estrategias comerciales, información del Espai Barça, contratos de jugadores, datos fiscales y de inspecciones, así como información de todas las secciones deportivas, por tratarse de material confidencial, no relacionado con el objeto de la causa y sin utilidad adicional respecto a lo que ya obra documentado (facturas y pagos a las sociedades investigadas).
Sobre los informes de compliance, se recuerda que ya consta en autos el de 2017 y se argumenta que estos programas tienen naturaleza preventiva y organizativa, sin valor probatorio directo para acreditar delitos penales y siendo redundantes frente a la documentación objetiva ya incorporada (trazabilidad de pagos, actuaciones de la Agencia Tributaria, etc.).
La defensa concluye que la petición de nuevas diligencias responde a una estrategia del Real Madrid para dilatar sine die el procedimiento mediante solicitudes improcedentes y genéricas, y solicita formalmente que el Juzgado deniegue todas las diligencias interesadas por la acusación particular madridista.
Parecería sensato, si es verdad que las relaciones con el Real Madrid están rotas, como reitera Laporta en esta precampaña electoral camuflada, que el FC Barcelona se sumara a esta argumentación que ha liderado Bartomeu supliendo el vacío de un presidente al que le da igual, o tolera con satisfacción, que Florentino pueda conocer absolutamente todos los secretos de Barça. Sigue rehén de Florentino, diga lo que diga.