Barcelona divulgará la nueva ordenanza de civismo desplegando 400 informadores

A partir del 15 de febrero entrará en vigor la norma y se podrán aplicar las sanciones

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La comissionada de Convivència de l'Ajuntament, Montserrat Surroca (Mariona Puig - ACN)

El Ayuntamiento de Barcelona desplegará unos 400 informadores en las calles para hacer «pedagogía» sobre la nueva ordenanza de civismo, que entrará en vigor el 15 de febrero, momento a partir del cual ya se podrá empezar a aplicar sanciones. Este jueves se ha publicado la norma en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB).

Durante este primer mes, el objetivo del consistorio es «sensibilizar» a la ciudadanía mediante una campaña informativa. La comisionada de Convivencia del Ayuntamiento, Montserrat Surroca, ha explicado que la divulgación se llevará a cabo mediante unos 400 agentes situados en las zonas con más actividad en el espacio público, tanto turística como de ocio nocturno, pero también en zonas donde hay más «conflictos» y donde se podría infringir más la ordenanza.

Además de estos agentes, que ya han comenzado su labor informativa, se prevé poner en marcha campañas a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Según Surroca, se inicia una «nueva etapa» centrada en la pedagogía antes de la puesta en marcha de la normativa. La comisionada ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que «se involucre» en el cuidado del espacio público porque «es responsabilidad de todos» que todo el mundo pueda disfrutarlo.

Formación interna en el Ayuntamiento

Paralelamente, el Ayuntamiento hará una campaña de formación e información interna para sus trabajadores. Los agentes de la Guardia Urbana, por ejemplo, recibirán formación para adaptarse a la nueva normativa y conocer los nuevos contenidos de la ordenanza. En la misma línea, se instruirá a los efectivos de otros servicios, como los de gestión de conflictos, las oficinas de atención al ciudadano o el servicio telefónico 010.

Surroca ha asegurado que el objetivo de la ordenanza no es sancionar ni recaudar, sino prevenir las infracciones mediante una campaña informativa que consiga que la ciudadanía sea «sea consciente y conocedora» de las nuevas normas.

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