Debemos reconocer que resulta agotador y profundamente reiterativo tener que explicar, una y otra vez, que las pensiones públicas son sostenibles. Es una evidencia avalada por datos, informes y proyecciones rigurosas, pero que, a pesar de todo, se ve constantemente cuestionada. Sin embargo, ante la insistencia persistente -la gota malaya- de aquellos que, con intereses a menudo poco disimulados, defienden su privatización, no podemos bajar la guardia ni caer en la fatiga argumentativa.
Cada vez que se pone en duda la viabilidad del sistema público de pensiones, se erosiona la confianza colectiva y se prepara el terreno para modelos que favorecen el individualismo y la mercantilización de los derechos sociales. Por ello, hay que seguir defendiendo con firmeza y claridad que las pensiones públicas no sólo son posibles, sino que son imprescindibles para garantizar una sociedad más justa, cohesionada y solidaria.
Estos discursos, a pesar de estar basados en falsedades flagrantes, encuentran eco en sectores de la población, y lo más preocupante es que muchos acaban creyéndoselos.
Por ello, hay que seguir explicando, con datos y argumentos sólidos, que el sistema público de pensiones no sólo es viable, sino que cuenta con la garantía del Estado.
Esta garantía implica que, a pesar de las fluctuaciones económicas, las pensiones públicas se mantendrán como un derecho adquirido, fruto de décadas de cotización y de un pacto social que protege a los ciudadanos en su etapa de jubilación.
En cambio, las pensiones privadas no ofrecen ninguna seguridad real. Están sujetas a los vaivenes de los mercados financieros, a las decisiones de gestores privados y a las condiciones contractuales que a menudo no garantizan ningún retorno mínimo. Esto quiere decir que una persona que haya confiado en un plan privado puede encontrarse, en el momento de la jubilación, con la desagradable sorpresa de que sus ahorros no cubren ni mucho menos sus necesidades básicas. En este escenario, la alternativa es dramática: seguir trabajando indefinidamente o vivir con ingresos insuficientes.
Además, hay que recordar que el sistema público de pensiones no es sólo una cuestión económica, sino también de justicia social. Las pensiones públicas redistribuyen la riqueza, protegen a los más vulnerables y garantizan una cohesión social que los sistemas privados no pueden ni quieren ofrecer. Privatizar las pensiones es, en definitiva, convertir un derecho en un producto financiero, sometido a lógicas de beneficio y especulación.
Por todo ello, es imprescindible seguir defendiendo el sistema público de pensiones con firmeza, claridad y convicción. No sólo porque es sostenible, sino porque es justo, solidario y esencial para una sociedad que quiere cuidar a sus ciudadanos en todas las etapas de la vida.
Las hipotecas inversas también son una trampa disfrazada de solución, ya que, en un contexto de precariedad creciente entre las personas mayores, las entidades financieras han encontrado una nueva fórmula para seguir extrayendo beneficios. Presentadas como una solución amable para complementar la jubilación, estas operaciones esconden una arquitectura financiera que puede considerarse una estafa encubierta.
La hipoteca inversa permite a una persona mayor, propietaria de una vivienda, recibir una renta mensual o un pago único a cambio de poner su casa como garantía. A diferencia de una hipoteca tradicional, no hay que devolver el préstamo mientras el propietario vive en la vivienda. Pero cuando éste muere, los herederos deben saldar la deuda si quieren conservar la propiedad, una deuda que puede superar el valor de la vivienda.
Si bien las entidades bancarias presentan la hipoteca inversa como una solución segura, omiten detalles cruciales: comisiones elevadas, seguros obligatorios, y condiciones contractuales difíciles de entender.
También debemos tener en cuenta que las cantidades recibidas no se actualizan con el IPC, lo que provoca una pérdida de poder adquisitivo con el tiempo. Lo que parecía una ayuda se convierte en una fuente de frustración.
En definitiva, las hipotecas inversas ejemplifican cómo el sistema puede aprovecharse de la fragilidad emocional, la desinformación y la necesidad económica, convirtiendo una aparente solución en una fuente de riesgo. Es fundamental fomentar la transparencia, la regulación estricta y la educación financiera para evitar que este tipo de prácticas perpetúen la desigualdad y la inseguridad entre los colectivos más vulnerables.