Un juzgado de Barcelona ha inadmitido a trámite la querella que presentaron varios colectivos y seis personas afectadas por el uso del gas pimienta sobre activistas propalestinos el 15 de octubre en la capital catalana por parte de los Mossos d’Esquadra. La querella, interpuesta el día 16 de diciembre, fue rechazada por la jueza sólo 48 horas después, en un auto firmado el 18 de diciembre, y ha sido notificado a las partes este lunes. Las abogadas han manifestado ya su intención de recurrir ante la Audiencia.
Los hechos denunciados tuvieron lugar en el marco de la huelga general por Palestina. Mientras una dotación policial arrancaba del suelo, una a una, a las cerca de cien personas sentadas en actitud de protesta cerca de la estación de Sants, desde el otro extremo, varios agentes de los Mossos decidieron rociarlos con gas pimienta. La magistrada, sin embargo, entiende que la actuación fue ajustada a los protocolos.
No obstante, la propia consejera de Interior, Núria Parlon, admitió que hay un protocolo, con relación al gas pimienta, que está en revisión. La consejera, en respuesta parlamentaria, hizo referencia reiterada a la guía de uso elaborada por las Naciones Unidas, que establece que «los irritantes químicos no deberían utilizarse en situaciones de resistencia puramente pasiva», como fue el caso, recuerda Irídia. Para reforzar la inadmisión, la magistrada señala que no está suficientemente acreditada la causalidad de las lesiones sufridas así como tampoco es clara la identificación de los agentes actuantes.
Sin haber admitido a trámite la querella ni haber practicado ninguna diligencia, las partes denuncian la «ligereza» con la que la magistrada ha dado por válida la actuación policial. Los querellantes son manifestantes, representantes sindicales y profesionales de la comunicación, representados por una coordinación jurídica formada por Alerta Solidària, Irídia, la CGT, la Intersindical y la IAC.