El Govern prevé revisar al alza el canon del agua con el objetivo de fortalecer la financiación de la Agencia Catalana del Agua (ACA) y garantizar la continuidad de las inversiones en el ciclo integral del agua. La propuesta plantea un incremento anual del 4,2% entre los años 2027 y 2030, un calendario que permitiría aplicar la actualización de manera progresiva.
Según el ejecutivo, la medida responde a la necesidad de asegurar recursos estables para afrontar el mantenimiento y la modernización de las infraestructuras hidráulicas, así como para impulsar nuevas actuaciones vinculadas al abastecimiento, el saneamiento y la resiliencia ante episodios de sequía. El canon no ha experimentado incrementos relevantes en los últimos años, lo que ha limitado la capacidad inversora de la ACA en un contexto de presión creciente sobre los recursos hídricos.
El Gobierno defiende que el aumento previsto es contenido y asumible, y que debe servir para garantizar la viabilidad económica del sistema a medio y largo plazo. En este sentido, subraya que los recursos adicionales se destinarían principalmente a inversiones estructurales, con el objetivo de reducir vulnerabilidades y mejorar la eficiencia del conjunto del sistema.
Reacciones y debate abierto
La propuesta ha generado reacciones diversas. Desde el mundo municipal y entre agentes del sector del agua se reconoce la necesidad de reforzar las inversiones, especialmente tras varios episodios de sequía que han puesto al límite las infraestructuras existentes. No obstante, algunos representantes advierten del impacto potencial que el incremento del canon podría tener en la factura final de los usuarios, especialmente en hogares con rentas bajas o en municipios con tarifas ya elevadas.
En este contexto, se ha abierto el debate sobre la conveniencia de acompañar a la actualización del canon con medidas compensatorias o mecanismos de protección social, así como sobre la necesidad de garantizar que el aumento de recursos se traduzca efectivamente en mejoras visibles del servicio. El proyecto tendrá que continuar su tramitación y ser objeto de debate político antes de su aprobación definitiva.
