Tras las cuestiones previas presentadas por las defensas y del paréntesis de las fiestas de Navidad, el juicio de la Audiencia Nacional a la familia Pujol y a nueve empresarios involucrados en sus negocios adquiere un ritmo trepidante. Desde este lunes y hasta finales de marzo, está previsto que declaren una seguidilla de testigos que tuvieron relación directa con esta trama de corrupción y también con la derivada andorrana, que conllevó la intervención y liquidación de la BPA.
Entre otros, comparecerán a partir de hoy ante el tribunal que preside el magistrado José Ricardo de Prada, Jordi Puig Godés, hermano del exconsejero Felip Puig y socio de Jordi Pujol Ferrusola en el despacho de la calle Ganduxer, 5. Una de las figuras políticas más prominentes que pasará por el juicio será Ramon Espadaler, actual consejero de Justicia. Era consejero de Medio Ambiente durante el último mandato del presidente Pujol, cuando se tramitaron los polémicos vertederos de Tivissa (Priorat) y Cruïlles (Baix Empordà), promovidos por Jordi Pujol Ferrusola desde paraísos fiscales. Además de Espadaler –que después fue consejero de Interior durante el gobierno del presidente Artur Mas–, también tendrá que declarar por este asunto Salvador Milà, que lo relevó en el cargo cuando Iniciativa ostentó la conselleria, en el primer tripartito.
Otro expolítico en el punto de mira es Lluís Badia, que, como concejal del CDS, dio la alcaldía de Tarragona a CiU y después fue compensado con la presidencia del puerto de esta ciudad, desde donde favoreció los negocios privados de Jordi Pujol Ferrusola. Entre los testigos citados a declarar está Victoria Álvarez, la expareja del primogénito del clan, con quien viajaba a Andorra, que presentó en 2013 la denuncia inicial en la Audiencia Nacional que permitió abrir la investigación de este caso.
Las alcantarillas de Jorge Fernández Díaz
El magistrado José Ricardo de Prada ha aceptado ampliar la lista de testigos con la declaración de los principales miembros de la «policía patriótica» urdida por el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para combatir el movimiento independentista y que consiguieron, con presiones y amenazas, las cuentas de los Pujol en Andorra. Desfilarán ante el tribunal los comisarios Eugenio Pino, José Manuel Villarejo y Marcelino Martín Blas y los inspectores Celestino Barroso y Bonifacio Díaz, si bien aún no ha sido fijada la fecha concreta de su comparecencia.
Tras las declaraciones a la Batllia, el pasado 4 de noviembre, del comisario José Manuel Villarejo, la pista andorrana del caso Pujol ha adquirido mucha relevancia en este juicio. Los abogados defensores podrán aportar la documentación que consideren más adecuada para apuntalar la tesis de que la operación contra la BPA fue orquestada por el Gobierno de Mariano Rajoy para obtener, así, los datos bancarios de la familia Pujol, constituyendo un caso de lawfare.
Manel Cerqueda, citado a declarar
En este sentido, han sido citados a declarar Higini Cierco, exaccionista del banco, y su exconsejero delegado, Joan Pau Miquel, que fue objeto de amenazas por parte de la «policía patriótica». También deben comparecer Manuel Cerqueda, presidente de Andbank, y el exvicepresidente de esta entidad financiera, Òscar Ribas, muy amigo de Jordi Pujol Ferrusola. Antes de hacer unas transferencias a la BPA en el año 2010, la familia Pujol siempre había tenido el Andbank como banco de confianza en Andorra.
El testaferro Francesc Robert
En el juicio del caso Pujol figura otro andorrano, pero con la condición de imputado: el exdirector de la radio y televisión de Andorra, Francesc Robert, que era socio y testaferro de Jordi Pujol Ferrusola en múltiples operaciones. La Fiscalía Anticorrupción le pide 3 años de prisión por blanqueo de dinero y 2 años más por falsificación continuada de documento mercantil.
Además, le reclama una multa de 3.695.090 euros y 6.864.667 dólares: en total, unos 10 millones de euros. También propone que se le inhabilite durante dos años para desempeñar cualquier cargo de responsabilidad profesional y empresarial.
Durante años, Francesc Robert actuó como «alter ego» de Jordi Pujol Ferrusola, con quien compartía su afición por los deportes de montaña y por los coches Ferrari. De la investigación realizada por la Audiencia Nacional se ha podido documentar que Francesc Robert utilizó una sociedad suya, Claremont Commercial Corp, domiciliada en Panamá, para camuflar transferencias de Jordi Pujol a unos empresarios mexicanos dedicados al sector de los casinos. En total, ayudó a blanquearle 9 millones de euros.
Financiación de Convergència
No es esta la única operación en la que aparecen mezclados Francesc Robert y Jordi Pujol Ferrusola. Este andorrano llegó a ser vicepresidente de la empresa La Seda de Barcelona, en la época que estuvo controlada por el «estado mayor» de Convergència (Artur Mas, Carles Vilarrubí…). Parece claro que el dinero que invirtió formalmente a su nombre era, en realidad, de Jordi Pujol Ferrusola, que participó activamente en el «asalto» a esta histórica industria de El Prat de Llobregat.
El hijo mayor del expresidente de la Generalitat también utilizó a Francesc Robert para que lo representara como accionista del club de rugby USAP de Perpiñán. Y en el sumario del caso Pujol aparece en otra operación: el aval concedido desde sus cuentas personales al Banco Sabadell de Andorra a un proveedor de las campañas electorales de Convergència Democràtica (CDC).
Jordi Pujol Ferrusola operaba con un segundo testaferro en Andorra, Antoni Zorzano, titular del Museo Iconográfico Sant Jordi, ubicado en la parroquia de Ordino. A través de esta entidad, por ejemplo, escondió su participación en el negocio del vertedero de Cruïlles. A pesar de las evidencias, Antoni Zorzano, que es cónsul honorario de Ucrania en Andorra, no ha sido imputado en esta causa.
