Todo llega. Después de una vergonzosa e intolerable instrucción judicial, que se ha prolongado durante más de 19 años, finalmente la juez andorrana Azahara Cascalesha declarado concluido el sumario de la estafa de la gestora de inversiones Valora y ha decidido enviarlo al Tribunal de Corts para que se celebre el juicio contra el único imputado en la causa, Xavier Felipó.
En el auto de conclusión del sumario, la juez imputa al acusado los delitos de administración desleal de empresa, estafa cualificada con un perjuicio de valor superior a 6.000 euros, quiebra delictiva, falseamiento de cuentas sociales y creación y uso de documentos privados inauténticos. Xavier Felipó es miembro de una de las familias andorranas de “pata negra” y, por consiguiente, un protegido por los poderes fácticos del país.
Los ahorros de toda una vida
Valora, una sociedad de gestión de patrimonios que administraba los ahorros de centenares de inversores, mayoritariamente procedentes de Cataluña, fue declarada en quiebra el 2 de enero del 2007. El colapso de la empresa dejó al descubierto un agujero millonario y abrió un largo proceso judicial que, casi dos décadas después, justo ahora ha acabado cerrándose.Valora se presentaba como una firma especializada en la gestión de capitales, con una imagen de solvencia y profesionalidad que generó confianza entre sus clientes. Muchos inversores depositaron los ahorros de toda una vida, convencidos que su dinero estaba en manos expertas y protegido por el marco financiero andorrano.
Esta confianza se derrumbó cuando la sociedad entró en quiebra, revelándose la desaparición de más de 22 millones de euros y afectando a más de 400 clientes.
“Una absoluta indecencia”
La investigación judicial confirmó que Valora había realizado operaciones de alto riesgo sin el conocimiento ni la autorización de los clientes, contraviniendo los mandatos de gestión firmados. Además, varios informes periciales indicaron la falsificación de documentos contables, que habrían servido para ocultar las pérdidas y dar una imagen ficticia de normalidad financiera.
Uno de los aspectos más escandalosos del caso Valora es la extraordinaria duración del proceso judicial. A pesar de que los hechos se remontan al 2007, el procedimiento ha avanzado con una lentitud extrema, con largos periodos de inactividad procesal. La situación era tan insostenible y deja en tan mal lugar al sistema judicial del Principado que Josep Maria Rossell, el presidente del Consejo Superior de la Justicia (CSJ), en un ejercicio de sinceridad, se refirió explícitamente a este caso en una entrevista concedida a Diari d’Andorra, el mes de mayo del año pasado: “Es una absoluta indecencia que el caso Valora lleve tantos años encallado”, afirmó.
Este retraso ha generado duras críticas al funcionamiento de la justicia andorrana. Más allá de las pérdidas económicas, el caso Valora también ha dejado una impronta profunda en la reputación del sistema financiero andorrano. El escándalo evidenció carencias en los mecanismos de control y supervisión. Para muchos afectados, Valora no es solo una estafa económica: es el símbolo del fracaso institucional de Andorra.
Baile de jueces
Los más de 19 años que ha durado la instrucción judicial se han caracterizado por una desidia generalizada en la que el caso ha dormido durante años en los cajones de la Batllia y de la Fiscalía. Han pasado por el caso Valora numerosas jueces que, a pesar de llevar a cabo una instrucción escasa y torpe, han sido promocionadas después a altas esferas judiciales. El sumario ha estado en manos de las jueces Cristina Bea, Anna Estragués, Canòlic Mignorance, Núria Garcia Val, Canòlic Mignorance (de nuevo) y la última, Azahara Cascales, que ahora ha cerrado finalmente el procedimiento y lo ha enviado a juicio.
Esta demora injustificada llevó a algunos perjudicados a dirigirse al Tribunal Constitucional de Andorra varias veces por vulneración del derecho fundamental a un juicio de duración razonable, reconocido en el artículo 10.2 de la Constitución andorrana. A pesar de dar la razón a los perjudicados, pocos avances se produjeron. Por otro lado, estos perjudicados recibieron unas indemnizaciones ridículas por “daños morales”.
Numerosas diligencias denegadas
Durante el curso de la instrucción se denegaron numerosas diligencias (sin argumentación) que hubieran ayudado a esclarecer qué pasó y quiénes fueron los responsables de esta estafa, además de Xavier Felipó. Durante años, los legajos del caso estaban en la Batllia bajo llave (en algunos casos extraviados) y no era nada fácil acceder a ellos.
Finalmente, con la digitalización del sumario, los perjudicados pudieron acceder a declaraciones e información muy valiosa que constaba en la causa. Por otro lado, los nombres de todos los clientes fueron encriptados y la información de las piezas separadas no ha sido de libre acceso para las víctimas de Xavier Felipó. Disponer de esta información habría ayudado a averiguar el intríngulis de operaciones de algunas personas próximas a Felipó que, en cambio, salieron beneficiadas de la quiebra.
Insolvente
La falta de transparencia y la desidia han sido la tónica de este proceso. ¿Qué se ha querido esconder? ¿Quién más estaba detrás del chivo expiatorio de Xavier Felipó?
El ex-director general de Valora, después de estafar 22 millones de euros a personas que confiaron en él y a las que arruinó, se ha pasado los últimos 19 años haciéndose el insolvente y viviendo -nada mal, por cierto-, del supuesto salario mínimo que le paga la empresa familiar. Eso sí, su mujer, fichada por Andbank después de estallar el affaire, ha tenido unos altísimos ingresos gracias a diferentes cargos que ha ocupado en este banco, que había sido socio fundador de Valora a través de Reig Patrimonia, y que era el destinatario del tráfico de dinero en efectivo procedente de Fibanc, en Barcelona, con quien Valora mantenía una estrecha colaboración.
