El Gobierno catalán defiende una nueva financiación con ordinalidad blindada y llama a Junts a un acuerdo viable

Dalmau y Romero reivindican corresponsabilidad fiscal y negociación pragmática

Bluesky
De izquierda a derecha, Alícia Romero, Salvador Illa, Albert Dalmau y Miquel Sàmper durante la reunión con sectores económicos y sociales (Bernat Vilaró, ACN)
De izquierda a derecha, Alícia Romero, Salvador Illa, Albert Dalmau y Miquel Sàmper durante la reunión con sectores económicos y sociales (Bernat Vilaró, ACN).

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha defendido el nuevo sistema de financiación y ha asegurado que Junts dejará atrás «la retórica grandilocuente» para acabar apoyándolo. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Dalmau ha afirmado que el partido no dejará pasar la oportunidad de que Cataluña ingrese 4.700 millones de euros más, el 12% del presupuesto. «Es legítimo que un partido tenga un modelo de país diferente, pero a la hora de la verdad cuando hay un acuerdo para avanzar no podemos renunciar», ha remarcado, defendiendo «blindar la ordinalidad» en una ley que ha calificado de «cambio de paradigma histórico«.

En la misma línea, la consellera de Economía y Finanzas, Alicia Romero, ha asegurado que el Gobierno catalán trabajará para que el concepto de ordinalidad «aparezca» y «se concrete lo máximo posible» en el texto legal. En una entrevista en RAC1, Romero ha instado a Junts a negociar desde el pragmatismo: «Como siempre pedíamos la luna y no la teníamos, nos hemos quedado sin nada. Seamos posibilistas, con ganancias reales». La consellera ha defendido que la propuesta impulsada por el Gobierno de España, con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero, es «buena» y susceptible de ser mejorada en el trámite parlamentario.

Tanto Dalmau como Romero han subrayado que el nuevo modelo refuerza la corresponsabilidad fiscal, reduce las diferencias entre comunidades y abre la puerta a fortalecer la hacienda catalana, un proceso que requiere tiempo y más recursos humanos. Romero ha remarcado que el sistema penaliza el dumping fiscal y trata a las comunidades «de una manera más adulta», mientras que Dalmau ha insistido en que el pacto «cumple estrictamente» lo acordado con ERC y facilita el camino para aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2026, una prioridad que, según el Gobierno catalán, «el país necesita».

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