La mayoría progresista en Cataluña avala el nuevo sistema de financiación, que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este viernes en público. PSC, ERC y Comuns han pedido que todas las formaciones catalanas voten favorablemente en el Congreso de los Diputados, en referencia a Junts per Catalunya, que se muestra contrario y sigue reclamando el concierto como tienen el País Vasco y Navarra. Los agentes sociales, sindicatos y patronales, también consideran un avance el nuevo sistema. UGT y CCOO consideran que es necesario orientar los recursos hacia los servicios públicos. Cataluña recibirá 4.686 millones más en el nuevo sistema en el primer año.
El encuentro en La Moncloa entre el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente español, Pedro Sánchez, sirvió para cerrar un largo trabajo técnico, que desde ERC ha liderado Lluís Salvadó y desde el Gobierno catalán los consejeros Alícia Romero y Albert Dalmau.
Montero ha detallado que el nuevo sistema, que entraría en funcionamiento en 2027 si el Congreso de los Diputados lo avala, da más autogobierno, garantiza la corresponsabilidad fiscal, es más claro y transparente y blinda la solidaridad intersticial, incorpora el principio de ordinalidad. Además, los gobiernos autonómicos tendrán más capacidad normativa, se regulan las competencias específicas (policía, cárceles o lengua propia) y queda superado el sistema de anticipos actual.
Según ha explicado Montero, a partir del nuevo modelo, las comunidades pasarán a recibir un 55% del IRPF frente al 50% actual. En el caso del IVA, se pasará del 50% vigente al 56,5% . Se mantienen el 58% de los impuestos especiales y los actuales tributos que ya recaudan las autonomías (patrimonio, sucesiones o juego), pero entran en la canasta patrimonio, depósitos bancarios, actividad del juego y residuos, que las comunidades ya recaudan pero que no formaban parte de la canasta.
Según Montero, es una reforma muy trabajada que quiere sustituir el modelo vigente en los últimos 17 años y que garantiza más recursos para todos los territorios. «El sistema se adapta a la realidad de territorios muy diversos en población, dispersión, envejecimiento, cambio climático o desempleo», ha dicho Montero.
Singularidad
Por tanto, según la vicepresidenta, «se adapta a las peculiaridades de cada territorio. Es un sistema que respeta la singularidad territorial, es más transparente y todas las comunidades verán incrementados sus recursos».
Ante las críticas de la oposición de privilegiar a Cataluña por delante de las otras comunidades, Montero ha dejado claro que el nuevo sistema dota a todas las comunidades de más recursos económicos, refuerza la autonomía y la corresponsabilidad, es solidario, rebaja las diferencias, reconoce la singularidad y es más claro. Por ello, Montero ha negado que exista ningún privilegio para Cataluña. «Hay quienes quieren alimentar el agravio territorial como coartada política», ha manifestado.
El sistema se basa en el criterio de la población ajustada, el cual calibra los recursos que van a cada territorio. Supone que se ponderan conceptos como la dispersión, el envejecimiento o la insularidad. Así, el padrón supone el 30% del modelo, la población protegida equivalente un 38%, el número de habitantes de entre 0 y 17 años un 17%, los habitantes de entre 18 y 24 años y alumnos desplazados un 3,5%, los mayores de 65 años un 7%, los parados sin prestación un 1,5%, la superficie un 1,6%, la dispersión un 0,5%, insularidad un 0,5% y los costes fijos un 0,4%.
Más recursos
Según la ministra, el nuevo sistema aportará a las comunidades autónomas 20.975 millones de euros más que si se mantiene el sistema actual, de los cuales, 4.686 corresponden a Cataluña. El total que recibirían los territorios si se aplica es de 224.507 millones de euros en el año 2027.
El nuevo sistema nivela el 75% de la distancia de cada comunidad respecto a la media de recursos por habitante ajustado. Así, las comunidades con habitante ajustado por debajo de la media reciben recursos, y los que quedan por encima aportan recursos. Con ello, según Montero, además de garantizar la solidaridad se reduce la diferencia de financiación per cápita. Hoy en día la diferencia alcanza los 1.500 euros por habitante .
El caso del IVA de las pymes, las autonomías podrán decidir si recibir ese dinero en función del domicilio fiscal de las compañías, y no según el consumo en cada comunidad. Para Cataluña, que tiene un ecosistema con muchas pequeñas y medianas empresas, esta propuesta permitiría aumentar lo que recibiría por IVA.
Según Montero, el Estado también aportará más recursos para una nivelación vertical. El objetivo es reducir en dos tercios la distancia de cada comunidad respecto a los territorios que presentan una financiación más elevada por habitante. Aquí se llega a los 19.000 millones.
El sistema también incorpora un fondo de cambio climático dotado de 1.000 millones de euros. Dos tercios de este dinero las reciben las comunidades del arco mediterráneo, las más afectadas por inundaciones e incendios.
El nuevo modelo propuesto también destaca porque cambia el sistema de anticipos, y prevé que las entregas de dinero se puedan hacer a tiempo real. En este caso, de nuevo, las comunidades podrán escoger si mantienen la fórmula actual u optan por el de entregas inmediatas.
Otro de los elementos clave del modelo es el principio de ordinalidad, por el que Cataluña será la tercera en aportar y la tercera en recibir. El nuevo modelo también incorpora elementos para tener en cuenta la población ajustada a la hora de hacer los cálculos. Montero ha afirmado que el modelo mantiene el statu quo de cada territorio, de manera que ningún territorio pierda dinero.
