El Gobierno español y la Iglesia católica han alcanzado un acuerdo para la reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales. Según ha informado el ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha cerrado un acuerdo con la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) sobre el sistema de reparación a víctimas en el ámbito de la Iglesia para las que ya no es posible la vía judicial.
Así, en el acuerdo la Iglesia católica y el Gobierno «han acordado abrir una vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de aquellas personas víctimas de abusos sexuales que no deseen acudir directamente a la Comisión PRIVA establecida por la Iglesia», según ha indicado la CEE en un comunicado.
La firma del acuerdo, que se llevará a cabo en una de las sede del Ministerio en Madrid, «el Gobierno se ha comprometido, como solicitaba la Iglesia, a abordar la reparación integral de todos los menores víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida pública», apunta la nota de la CEE. Esta promesa se basaría en el compromiso del Gobierno de promover el cumplimiento de los fines previstos en la Ley orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia.
Este sistema «acordado» de «reconocimiento y reparación», tendrá el «criterio técnico» de la Oficina del Defensor del Pueblo, la «evaluación» de la Comisión del Plan de Reparación Integral a menores víctimas de abusos sexuales (Priva), el «consenso Iglesia Católica-Estado» y la «participación» de las víctimas.
Proposición de reparaciones
La Oficina del Defensor del Pueblo estudiará los casos presentados y propondrá «un cauce de reparación que será estudiado y evaluado por la Comisión Priva establecida por la Iglesia». Así, sostiene la Iglesia, que los criterios de valoración de los casos y de la baremación de la reparación de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la Comisión Priva serán «homogéneos», una de las preocupaciones que se han planteado durante la negociación de este acuerdo, según ha podido saber Servimedia.
«En caso de discrepancia de la valoración una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo después de escuchar al presidente de la CEE o de la Confer según el caso», detallaron desde la Conferencia Episcopal.
El Gobierno habría aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la Renta, tras haberse dado situaciones de víctimas indemnizadas a las que la Agencia Tributaria les ha reclamado el pago de impuestos tras recibir las indemnizaciones, algo que supone una revictimización y que no ocurre en ámbitos como las víctimas del terrorismo.
Compromiso de la Iglesia
La nota hecha pública por la CEE concluye subrayando que «el sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes» y que se trata de «una vía temporal con una duración de un año (prorrogable otro año más)», para aquellas causas «que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del *victimario».
Con todo ello, todas las víctimas pueden acudir al Priva y, a partir del acuerdo de este jueves, si no lo desean pueden pedir la mediación del Defensor, que llevará su caso al Priva.
