El plan para tener 50.000 viviendas públicas en 2030 sigue adelante. El Consejo Ejecutivo ha aprobado hoy sacar el viernes a concurso 37 solares para la construcción de 1.940 viviendas públicas.
Se trata de solares municipales en desuso cedidos por 23 municipios. Estas 1.940 viviendas serán de alquiler asequible durante 75 años, cuando revertirán a la administración.
Así, el Gobierno catalán reitera su voluntad «de consolidar la etapa iniciada de estabilidad institucional, de diálogo, de servicio al país, y de fortalecimiento de los servicios públicos«, tal y como ha manifestado Paneque.
La consejera ha calificado «de paso histórico» esta convocatoria, que permite trasladar solo público, que en estos momentos está en desuso, a la construcción de parque de vivienda en alquiler asequible. Paneque ha afirmado: » Por primera vez en España se activa un mecanismo estable para movilizar suelo público y generar vivienda asequible de manera continuada y a gran escala. Por lo tanto, es una política pública absolutamente innovadora.»
Se trata de una primera oleada de solares públicos que pasarán a formar parte del parque de viviendas públicas. La consejera ha avanzado que habrá más concursos a lo largo de 2026. De hecho, la también portavoz del Gobierno ha explicado que ya se están preparando las siguientes convocatorias.
Para el primer concurso que convocará el viernes, el Gobierno ha organizado cuatro agrupaciones por zonas territoriales y cada agrupación supondrá la construcción de entre 400 y 500 viviendas. Los solares tienen diferentes capacidades de viviendas.
Mínima demanda acreditada
De este modo, para el primer concurso se han escogido municipios pertenecientes a diferentes ámbitos de precio, pero con un mínimo de demanda de alquiler acreditada.
El concurso es para la promoción y construcción de los edificios previstos en cada solar y también incluye la gestión del proceso de ocupación de las viviendas, la gestión integral de los contratos de alquiler o de cesión de uso durante los 75 años, el mantenimiento del edificio durante los 75 años y la reversión del edificio al finalizar el plazo del derecho de superficie.
Entre los criterios que el Gobierno tendrá en cuenta para escoger está el plan económico y financiero; la metodología en la planificación y control de la ejecución de las obras; el plan de conservación y mantenimiento del edificio y el plan de gestión social y seguimiento de los arrendatarios.
En cuanto a las condiciones del derecho a superficie, el Gobierno ofrece 75 años a partir de la adjudicación o inferior si resulta de la licitación. Los plazos de ejecución fijan que deberá presentarse el anteproyecto al ayuntamiento de cada solar en dos meses desde la constitución de derecho; da nueve meses para la solicitud de la licencia de obras y calificación provisional; tres meses desde la notificación para la resolución de incidencias; comenzar las obras seis meses desde la concesión de la licencia; y obtener la calificación definitiva cinco años desde la constitución del derecho.
Los municipios donde se construirán estas viviendas son: Sant Adrià del Besòs, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Cambrils, L’Arboç, Tarragona, Vilafranca del Penedès, Sant Celoni, Lloret de Mar, Vilablareix, Figueres, Tossa de Mar, Girona, Maçanet de la Selva, Mollet del Vallès, Vilanova del Camí, Torelló, Centelles, Esplugues de Llobregat, Tàrrega, Abrera, Vilagrassa y La Seu d’Urgell.
