La fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que anule la condena al exfiscal general Álvaro García Ortiz por supuesta filtración de información confidencial de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El ministerio público ha presentado un recurso de nulidad contra la sentencia de dos años de inhabilitación por revelación de secretos, alegando que esta «crea un nuevo tipo delictivo» y que los magistrados del Supremo hicieron una «selección incompleta de hechos», sin tener en cuenta pruebas favorables al condenado.
Según el recurso, la fiscalía también cuestiona la indemnización que se tendrá que pagar a la pareja de Ayuso, argumentando que la resolución del Supremo no tiene fundamento legal claro y podría sentar un precedente problemático. El incidente de nulidad presentado es el paso previo antes de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, en caso de que no se atienda la petición de anulación.
Esta acción de la fiscalía se enmarca en la defensa de la separación de poderes y en la crítica a la creación de tipos penales no previstos con anterioridad, defendiendo que los delitos deben estar claramente tipificados y basados en pruebas completas. La resolución final del Constitucional determinará si la condena mantiene su vigencia o se anula.