El Gobierno catalán estudia controlar la especulación de viviendas con una nueva fiscalidad y condicionando la compra al uso residencial. En una entrevista a la Agència Catalana de Notícies (ACN), la portavoz y consellera Sílvia Paneque ha explicado que, como «no se puede prohibir la compra», el objetivo es limitar el uso que se hace mediante condicionantes y herramientas fiscales para que el uso preferente «sea el residencial». El Gobierno prevé tener durante el primer trimestre de 2026 el informe sobre la regulación de las adquisiciones a través del urbanismo, una medida pensada para vehicular los pisos hacia el mercado del alquiler.
Paneque ha detallado que la regulación debería aplicarse de manera «temporal y geográficamente acotada», aprovechando las zonas tensionadas ya declaradas, aunque todavía debe analizarse si afectaría a pisos individuales o edificios enteros. La consellera ha subrayado que la norma no puede ser permanente y que algunas de las medidas fiscales tendrán recorrido en el ámbito catalán, mientras que otras se tendrán que negociar con el Gobierno de España.
En este contexto, la portavoz ha defendido que la fiscalidad es «una herramienta muy potente» en política de vivienda y ha puesto como ejemplo la modificación del impuesto de transmisiones patrimoniales para grandes tenedores. Según Paneque, desde su aprobación en julio ya se ha detectado un descenso de transmisiones de grandes tenedores y un aumento entre pequeños propietarios. «La vivienda en Cataluña debe convertirse en un derecho y no en una fuente de angustia», ha remarcado, recordando también que hay 30 expedientes abiertos por incumplir el tope del alquiler.
