La Fiscalía ha pedido al juzgado que autorizó el desalojo del antiguo Instituto B9 de Badalona que requiera «de forma urgente» al consistorio de Badalona«de qué manera está dando cumplimiento al mandato» que obliga a los servicios municipales a prestar «la atención adecuada a las personas sin techo».
El ministerio público ha hecho este movimiento en plena polémica por el desalojo de las 400 personas que vivían en el instituto, de las que una cincuentena siguen en la ciudad, algunas pasando la noche al raso bajo un puente de la C-31 u ocupando el antiguo albergue Can Bofí Vell.
Las protestas vecinales contra la presencia de los inmigrantes cuentan con el apoyo del alcalde, Xavier Garcia Albiol, que ha manifestado en varias ocasiones que no los quiere en la ciudad.
El ministerio fiscal también ha interesado al juzgado que requiera al consistorio encabezado por el popular Albiol «las previsiones de procurar muy pronto un recurso de vivienda a las personas que desde hace más de cinco días quedan en la calle», según han explicado fuentes de la Fiscalía.
De momento, 52 realojados
Este martes ha trascendido que varias entidades, en colaboración con el Departamento de Derechos Sociales e Igualdad, han dado cobijo a 52 de las personas desalojadas, entre ellas las 15 que el domingo tenían que pasar la noche en la parroquia de la Virgen de Montserrat de Badalona, y que no lo pudieron hacer por la oposición vecinal.
Posteriormente, se ha sabido que las entidades y el Gobierno han cerrado un acuerdo para reubicar buena parte de los desalojados acampados bajo el puente de la C-31, así como los que ocuparon hace unos días el albergue de Can Bofí Vell. Este realojamiento se prevé que tenga una duración de dos meses.
La síndica recuerda la obligatoriedad
La síndica de agravios de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha recordado al Ayuntamiento de Badalona «la necesidad de dar cumplimiento al auto judicial de activar los protocolos y los recursos disponibles para acompañar a las personas desalojadas» del antiguo Instituto B9.
Giménez-Salinas ha querido manifestar, también, la «preocupación por la falta de colaboración» del consistorio en la resolución del conflicto.
Esta mañana, la síndica ha participado en una reunión entre los representantes de los afectados y el Departamento de Derechos Sociales para «encontrarles una salida residencial de emergencia y un acompañamiento social y jurídico». Giménez-Salinas ha celebrado el acuerdo que permitirá dar cobijo a los desalojados que continúan en Badalona.
