El Consejo Ejecutivo ha aprobado el plan mediante el cual el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica identificará nuevos ámbitos urbanísticos en municipios con demanda fuerte y acreditada de vivienda donde el planeamiento vigente prevea la construcción para agilizar su transformación en nuevas áreas residenciales.
Por ahora, ya se han preseleccionado 179 sectores, que se encuentran en varios estadios del trámite urbanístico, con potencial para construir unas 214.000 nuevas viviendas. Se prevé que entre el 40 y el 50% de las nuevas viviendas sean asequibles y, de ellos, que la mitad se destine a alquiler.
Así lo prevé el plan de medidas urgentes para el impulso del desarrollo de suelo residencial, que quiere dar respuesta al incremento de la demanda de viviendas derivada de la creación de nuevos hogares.
Necesidad de nuevas casas
Entre los años 2015 y 2024, la población de Cataluña ha experimentado un crecimiento significativo, mientras que el número de viviendas nuevas construidas ha sido muy inferior al que se habría necesitado para el establecimiento de nuevos hogares. Las estimaciones indican un déficit acumulado del orden de 130.000 a 175.000 nuevas viviendas.
Además, la creciente divergencia entre los ingresos de los hogares y los precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, junto con la frenada del ritmo de la construcción desde el año 2013, ha intensificado la crisis de asequibilidad y los niveles de exclusión residencial.
El Gobierno ha desplegado un primer conjunto de medidas orientadas a reforzar la política pública de vivienda. Entre ellas, figura el Plan 50.000, centrado en encontrar solares que ya están a punto para construir -con toda la tramitación urbanística y la urbanización completadas- para edificar viviendas con protección oficial, básicamente de alquiler. Estos solares se están identificando gracias a la participación de los ayuntamientos en la convocatoria de la Reserva Pública de Solares.
Además, se han puesto en marcha otras acciones, como una línea de financiación específica a través del Instituto Catalán de Finanzas; la promoción directa y la adquisición de vivienda protegida por parte del INCASÒL; la creación del Fondo Público de Emancipación para jóvenes, y medidas de agilización administrativa y de un régimen sancionador en materia de contención de rentas.