El Consejo de la Información de Cataluña (CIC) ha emitido un comunicado en el que «muestra su preocupación por la desnaturalización del secreto profesional, a raíz del juicio al Fiscal General del Estado». Este organismo, impulsado por el Colegio de Periodistas de Cataluña y que vela por el respeto de los principios de ética periodística, lamenta que la Sala Segunda del Tribunal Supremo que juzgó al Fiscal General «vacíe de contenido y no dé el mismo valor a la declaración de un periodista, moralmente obligado a preservar sus fuentes, que a la de otro testigo».
La Sala Segunda del Tribunal Supremo condenó, por una mayoría de cinco votos a dos, al fiscal general Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados sin tener en cuenta las declaraciones de los periodistas que dijeron que tenían estos datos antes de que los difundiera la Fiscalía. Los periodistas no declararon qué fuente les había suministrado la información amparándose en el secreto profesional.
Los cinco jueces que condenaron a García Ortiz justifican que ignoraron las declaraciones de los periodistas aduciendo que «no es idéntica la manera de enfrentarse a un interrogatorio de alguien consciente de su derecho al secreto y su deber protegido constitucionalmente de lealtad a las fuentes, que la de otras personas que no tienen válvulas de escape similares y que declaran conscientes de su deber de contestar todas las preguntas que se les dirijan sin poder eludirlas, tampoco con subterfugios».
Inquietud por la sombra de duda que supone la sentencia
«Desde el respeto que merece cualquier resolución judicial pero con la clara voluntad de defender el Código Deontológico, el CIC quiere manifestar su inquietud por la sombra de duda que supone la sentencia sobre la credibilidad de un periodista que no revele las fuentes», replica este organismo de defensa de la profesión y recuerda que los periodistas tienen la obligación moral de proteger las fuentes «invocando el secreto profesional cuando sea necesario». «El secreto profesional no va en detrimento de la credibilidad sino que es una garantía para poder contrastar la información cuando las fuentes son reservadas», añade.
«Es necesario que se difunda la idea de que preservar las fuentes, cuando son reservadas, va a favor del derecho de los ciudadanos a disponer de una información veraz y suficientemente contrastada», se lee en el comunicado del CIC que suscribe la reflexión sobre el secreto profesional de las dos juezas que votaron contra la sentencia: «Los testimonios que acabamos de analizar resultan creíbles, sin que el reconocimiento del derecho al secreto profesional lleve aparejado que se les deba restar credibilidad a las manifestaciones de los periodistas mencionados, ya que ello implicaría una indebida comprensión del proceso penal».
El comunicado termina diciendo que «el Código Deontológico establece que el profesional del periodismo está comprometido con la búsqueda de la verdad (…) y tiene el deber de hacer frente a la mentira, a la desinformación y a la negación de las evidencias científicas». Y en este sentido, el CIC quiere poner de manifiesto que los periodistas que invocaron el secreto profesional estaban comprometidos en desmontar una noticia que el propio tribunal reconoce que era falsa y que la había hecho correr el Jefe de Gabinete de la Presidenta madrileña».