La ley de los derechos de las personas LGTBI y de erradicación de la LGTBI-fobia. La ley se aprobó el pasado miércoles 17 de diciembre con 107 votos a favor (PSC, Junts, ERC, Comunes y CUP-DT) y 24 en contra (PP, Vox y Aliança Catalana).
Pilar Castillejo (CUP-DT), que fue la relatora de los trabajos de la ponencia que ha elaborado el texto, aseguró que la nueva ley «no sólo actualiza derechos, sino que pone la vida de las personas LGBTI en el centro de la acción pública», y entre otros aspectos destacó que reconoce la autodeterminación de género, prohíbe las terapias de conversión y pone a la víctima en el centro en cuanto a la reparación y las garantías. de no repetición. La ley amplía el régimen sancionador por hechos LGBTI-fóbicos con multas que, según la gravedad, pueden conllevar sanciones de entre 300 y 500.000 euros. En esta línea, el articulado también establece el derecho de reparación de la víctima y medidas accesorias o sustitutorias para el infractor, siempre que la víctima dé el consentimiento. También define una protección específica para las personas trans e intersexuales y establece el deber de las administraciones públicas de crear espacios de memoria democrática del movimiento LGBTI y las personas trans y de reparar la visibilización de las lesbianas. Finalmente, crea la Red de Servicios de Atención Integral como paraguas para coordinar los servicios de atención integral LGBTI.
Todo esto no gusta ni a la derecha que representa al PP ni a las dos extremas derechas que tenemos representadas en el Parlamento de Cataluña.