Los grupos de izquierdas en el Parlamento de Cataluña (PSC, ERC, Comunes y CUP) han aprobado este jueves la regulación del alquiler de temporada con el fin de evitar que se esquive el tope a los precios del alquiler habitual. Se trata de una ley pionera según la cual los alquileres de temporada deben tener el mismo precio que un alquiler habitual.
Aunque Junts se ha opuesto al núcleo duro de la nueva ley, sí ha votado a favor de algunos artículos. El PP, por su parte, ya ha anunciado que llevará la nueva ley al Tribunal Constitucional porque, en su opinión, la nueva normativa vulnera preceptos constitucionales.
La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, ha presentado la iniciativa que modifica varias leyes en materia de vivienda para «incrementar el parque de vivienda asequible» y, al mismo tiempo, fomentar la «protección de la vivienda habitual».
Entre otras medidas, la ley establece explícitamente que los alquileres destinados a usos recreativos, turísticos o de vacaciones no se consideran alquileres de vivienda permanente. La consejera ha dejado claro que en los contratos de alquiler de temporada habrá que hacer constar la finalidad del contrato y acreditarla.
En cuanto al alquiler de habitaciones, Paneque ha explicado que se han establecido «limitaciones relativas a los metros mínimos y al número máximo de personas» que pueden vivir y que lasuma del precio de las habitaciones no podrá ser superior al tope máximo establecido para una vivienda.
Largo camino
Finalmente, el Parlament ha dado luz verde a esta ley, una demanda de los partidos de izquierdas. Incluso tuvo que pronunciarse el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) que la avaló prácticamente en su totalidad después de que Junts y PP presentaran sendos recursos, lo que representó el retraso de su aprobación. El órgano consultivo cuestionó, sin embargo, la prórroga automática de los pisos de protección oficial en zonas tensadas. El texto final incorporó varias enmiendas para impedir que caduquen.
De este modo, el CGE concluyó que la regulación del alquiler de temporadaera conforme a la Constitución y al Estatuto. Por ello, los grupos parlamentarios de PSC, ERC y Comuns pactaron enmiendas técnicas para impedir la finalización de las viviendas de protección oficial en zonas de mercado tensionado.
Con la ley aprobada, se ha eliminado el artículo que el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) cuestionó y se ha apostado por modificar la ley de vivienda de 2007, pero sin hablar de prórrogas automáticas.