Las motos están implicadas en casi la mitad de los accidentes mortales y graves que se producen en las carreteras catalanas. Según la 24ª edición del mapa de riesgo de la red viaria catalana, elaborado por el RACC, en el 47% de los accidentes con muertos y heridos graves del trienio 2022-2024 ha estado involucrada como mínimo una moto o ciclomotor, aunque este tipo de vehículos representan sólo el 3,2% de la movilidad global en carretera. En el caso de los accidentes mortales, la presencia de motos se sitúa en el 36% de los siniestros.
El informe analiza la evolución de la siniestralidad en un contexto de aumento de la movilidad. En el trienio 2022-2024, los accidentes graves y mortales han crecido un 4,97%, mientras que la movilidad global en carretera lo ha hecho un 4,50%. Como resultado, el índice de riesgo ha aumentado un 0,44% en el conjunto de la red viaria analizada, que incluye más de 6.300 kilómetros de carreteras interurbanas y concentra el 79% de los accidentes con víctimas mortales y heridos graves.
El mapa de riesgo constata también que la siniestralidad se concentra sobre todo en las carreteras convencionales, con un solo carril por sentido, que acumulan la totalidad de los tramos con riesgo «muy alto», «alto» y «medio» de sufrir un accidente grave o mortal. En estas vías, el riesgo de accidente es 3,4 veces superior al de las carreteras desdobladas, donde todos los tramos presentan un riesgo «bajo» o «muy bajo». La carretera T-314, entre Cambrils y Reus, es el tramo con un índice de peligrosidad más alto de Cataluña en el periodo analizado.
En cuanto a la distribución territorial y por tipo de accidentes, el estudio señala que el 50% de los accidentes graves y mortales de moto se concentran en sólo el 12,9% de la longitud de la red viaria. Además, identifica la N-340, en la variante de Torredembarra, como el tramo con más concentración de accidentes de vehículos pesados, y la BV-5001, entre Martorelles y Vilanova del Vallès, como el tramo con más accidentes de bicicleta por segundo año consecutivo. El coste social anual de la siniestralidad en la red analizada se estima en 696 millones de euros.