Las entidades sociales han comparecido este lunes en la comisión de investigación del Parlamento de Cataluña sobre la actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) con un discurso reivindicativo de su papel en el sistema de protección dedicado a niños y adolescentes.
«El sistema no habría resistido sin la respuesta del tercer sector. Habría colapsado», ha afirmado Elisenda Xifre, de la Federación de Entidades de Atención y Educación a la Infancia y la Adolescencia (FEDAIA).
En su intervención, ha reclamado una «financiación estable», entre otras peticiones, para «garantizar la transparencia» en los recursos públicos. Jordi Pascual, director de la Fundación Resilis, también ha defendido que es necesario un «sistema transparente y justo de tarifas», y ha avisado de que la actualización de la cartera de servicios es «urgente».
Elisenda Xifre ha alertado de una «situación de emergencia social» en Cataluña que afecta a los derechos y las oportunidades de miles de niños y adolescentes, y ha denunciado una «infrafinanciación estructural». Según ha indicado, la colaboración entre la administración y el tercer sector es esencial para mejorar el sistema de protección.
La representante de la FEDAIA ha señalado, además, que la falta de continuidad en las posiciones de liderazgo ha dificultado las transformaciones en el sistema de protección de menores, y ha subrayado que hacen falta cambios profundos y efectivos para mejorarlo.
Tanto Xifre como Pascual han coincidido en la necesidad de desinstitucionalizar a los niños y adolescentes, con una apuesta por la atención comunitaria. Pascual, que ha lamentado que el tercer sector haya pagado un precio muy alto por esta situació, ha propuesto un incremento del 30% para las tarifas de 2026 para evitar la precarización.
En relación con las irregularidades, Pascual ha señalado que las investigaciones aún no se han judicializado, mientras que Josefa Arqué, de la Fundación Mercè Terrades, ha destacado que los contratos de emergencia permitieron atender a los menores de manera adecuada, con garantías jurídicas.
