La crisis que sacude a la Federación Catalana de Fútbol (FCF) ha llegado a un punto de no retorno. La negativa de la Junta Directiva encabezada por Joan Soteras a convocar una asamblea general extraordinaria -a pesar de la petición formal presentada por 442 clubes, un tercio del censo asambleario- ha desencadenado lo que los clubes rebeldes califican abiertamente como “un bloqueo institucional sin precedentes”. Ante este escenario, los promotores de la iniciativa han dado el paso que durante semanas advertían: llevar el conflicto a la Generalitat.
Los representantes del Gimnàstic de Tarragona SAD y de la UE Olot SAD han presentado ante el Consejo Catalán del Deporte (CCE) un contundente escrito en que solicitan la intervención directa de la Administración. El documento, al cual ha tenido acceso EL TRIANGLE, invoca el artículo 62.1.b del decreto 58/2010 y exige a la directora del CCE, Carmen Bastida, que requiera formalmente la convocatoria inmediata de la asamblea. Y si la FCF se niega, piden que sea el Gobierno de la Generalitat quien la convoque de manera subsidiaria.
La democracia, ultrajadaEl mensaje de los clubes disidentes es claro: el conflicto ya no es solo una disputa interna, sino una cuestión de garantía democrática en una entidad que gestiona 30 millones de euros anuales y representa a 179.000 futbolistas federados de Cataluña.
El núcleo del conflicto jurídico es la validez del apoyo obtenido para convocar la asamblea general extraordinaria. Los clubes presentaron 442 peticiones -un 35% del censo, más del doble del mínimo requerido-, pero la Federación invalidó 256, en un dictamen emitido el 4 de diciembre que cayó como una bomba. El resultado: solo 186 firmas admitidas, insuficientes para que prospere la iniciativa, según los estatutos. El argumento de la Junta: defectos de forma y la tesis, muy cuestionada, que todo ello sería un “fraude de ley” y un voto de censura encubierto.
Órgano soberano
Los clubes denuncian que esta interpretación es “jurídicamente insostenible” y “políticamente inaceptable”. Recuerdan que la asamblea general es el órgano soberano y puede convocar elecciones en cualquier momento, y señalan el precedente de 2018, cuando el propio Soteras avanzó los comicios a mitad del mandato “sin ningún tipo de oposición interna”. “No puede ser que un presidente pueda convocar elecciones cuando le conviene y los asambleístas no puedan hacerlo cuando es necesario para garantizar la pulcritud del proceso”, afirman en el texto.
La indignación de los promotores no es solo sobre el fondo, sino también sobre las formas. El procedimiento de verificación de firmas ha sido, según los clubes, “una maniobra calculada para impedir la convocatoria”. La FCF exigió presentar el DNI a los 442 representantes de los clubes promotores en un plazo de 48 horas, anunciándolo un domingo por la noche y sabiendo que muchos clubes son entidades pequeñas con recursos limitados. Además, remarcan que la normativa no exige explícitamente esta documentación y que la Federación ya la tiene en su base de datos para gestionar licencias y subvenciones.
Señalan también que la Junta ha actuado “contra sus propios criterios”, puesto que reconoce la representación de los presidentes para trámites ordinarios, pero la cuestiona cuando ejercen derechos políticos. Y denuncian que anular firmas por motivos como la caducidad de los mandatos o la presentación de firmas electrónicas impresas vulnera los principios democráticos y, en cualquier caso, son defectos que se podrían haber enmendado con facilidad.
Solo Vox le apoya
Con la vía federativa bloqueada, todas las miradas apuntan ahora al Gobierno. El consejero de Deportes, Berni Álvarez, ya advirtió en el Parlament que dispone de informes jurídicos que avalan la convocatoria de la asamblea general. Los clubes exigen una respuesta rápida y recuerdan que impedir el derecho de reunión de los asambleístas podría comportar responsabilidades disciplinarias muy graves para la Junta Directiva.
Al mismo tiempo, la dimensión política del conflicto se intensifica. El pasado 5 de diciembre, el pleno del Parlament aprobó una moción reclamando al Gobierno que garantice “la transparencia, la neutralidad y el buen gobierno” dentro de la FCF. Todos los grupos votaron a favor, excepto Vox, que se posicionó en contra.
La situación actual deja a la Federación Catalana en un estado de parálisis que muchos clubes consideran “insostenible”. No solo hay un enfrentamiento abierto entre la Junta y una parte sustancial de los asambleístas, sino que el conflicto amenaza de escalar más si la Generalitat no interviene. El escenario que se dibuja es inédito: una posible convocatoria de asamblea general ordenada directamente por el Gobierno catalán para garantizar los derechos democráticos dentro de una entidad deportiva.
Los clubes rebeldes lo tienen claro: la continuidad del modelo actual está en juego. Y afirman que, si la Generalitat no actúa, la FCF puede quedar atrapada en una crisis de legitimidad que se arrastrará durante todo el mandato.
