La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha pedido este viernes la intervención de la relatora de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, ante las «graves anomalías» que observan en el juicio del Tribunal Supremo (TS) contra el ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según la asociación, en el proceso judicial contra García Ortiz se ha producido una «sucesión de irregularidades institucionales» que llevaron a la condena del exfiscal general por revelación de secretos.
Concretamente, la UPF señala que no se trata de «meras discrepancias judiciales», sino que ha detectado «anomalías que comprometen la independencia judicial, generan una aparente falta de imparcialidad y afectan al equilibrio institucional en un Estado de Derecho». De hecho, la asociación critica que la condena de García Ortiz trascendiera «sin motivación», previamente a la redacción y publicación de la sentencia, y señala que «ninguna justicia democrática admite que una persona sea declarada culpable sin conocer los fundamentos jurídicos que lo explican».
Esto «afecta directamente al derecho de defensa, la transparencia y la confianza social en las instituciones», aseguran los fiscales progresistas. La asociación también señala «la acumulación de funciones decisivas en un círculo reducido de magistrados» y denuncia, en este sentido, que los mismos jueces participaron en «la admisión de las querellas, la valoración inicial de indicios, el control de la instrucción, la revisión de decisiones clave y, finalmente, el juicio».
Por todo ello, la UPF pide a Satterthwaite «que analice los hechos y valore si comprometen la independencia judicial»; «que inste al Estado español a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales»; y «que considere una visita oficial a España, como prevé su mandato, para evaluar el impacto institucional de este caso».