El fraude fiscal cometido por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, parte de comisiones de casi dos millones de euros que cobró por la venta de mascarillas de la empresa FCS Select Product, con sede en La Roca del Vallès. Como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, era ministro de Sanidad cuando se produjo esta venta y fue alcalde de La Roca, el Partido Popular pretendió involucrarlo en una supuesta operación irregular. Cuando se supo que González Amador se había enriquecido gracias a FCS Select Product echó tierra sobre el asunto y nunca más ha hablado de esta cuestión.
La Fachoesfera se hinchó a atacar a Illa y al gobierno español a raíz de la denuncia del Partido Popular, que se presentó en 2022 ante la Fiscalía Anticorrupción. El PP de Madrid incluyó las ventas de mascarillas de FCS Select Product en un listado de operaciones de varias empresas que suministraron mascarillas y material sanitario necesario para combatir la difusión de la Covid. Al hacerse público que González Amador había cobrado 1,97 millones de euros en dos comisiones por la venta de mascarillas y material sanitario de esta empresa, la Fachoesfera trató de resituar su crítica al gobierno progresista. The Objective, una de las puntas de lanza de esa Fachoesfera mediática madrileña, llegó a titular una información diciendo que «El novio de Ayuso ingresó dos millones en comisiones gracias a un contrato de Illa». La realidad es, sin embargo, que las comisiones de González Amador salieron de la venta de material sanitario de FSC Select Product a una empresa gallega, Mape Asesores, sin ninguna intervención del ministerio de Sanidad que dirigía Illa.
Un 4,5% de comisión y 310.951 euros de fraude fiscal
FCS Select Product vendió material sanitario al gobierno español pero, en esta venta, no participó González Amador de comisionista. El PP de Madrid, en su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, resaltó que la empresa se dedicaba a ofrecer servicios de fabricación de productos de marketing para el sector de las bebidas alcohólicas. «No parece que su actividad social tenga relación directa con el objeto del contrato para poder ser suministrador preferente de mascarillas», comentó irónicamente el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano.
Cuando se ha sabido que González Amador había firmado un contrato con la empresa de La Roca del Vallès por el que cobraba un 4,5% de comisión por cada venta en la que él estuviera por en medio, y que, encima, había cometido un fraude fiscal que Hacienda calculó en 350.951 euros, Alfonso Serrano se olvidó de esta denuncia. Para rematar el tema, Mape tiene entre sus clientes a la Comunidad de Madrid y al grupo Quirón Salud, para el que hace muchos años que trabaja González Amador. Además, la Fiscalía Anticorrupción analizó los cuatro contrato que FCS Select Product firmó con el ministerio de Sanidad y descartó que hubiera habido ninguna irregularidad.
