Los dimisionarios de la Federación de ERC en Barcelona han registrado una solicitud en la Comisión de Garantías para pedir la impugnación de la creación de la gestora. Según ha avanzado la ACN, una treintena de militantes de la federación barcelonesa han firmado el texto, que también pide la suspensión del Congreso Regional, previsto para el 17 de abril próximo, así como el proceso de primarias de febrero.
La gestora debe comandar el organismo de forma provisional hasta el congreso, después de que 9 de los 13 miembros de la permanente de la Federación dimitieran por discrepancias con su presidenta, Creu Camacho. Los dimisionarios consideran que las decisiones de la ejecutiva nacional de Oriol Junqueras son por «oportunidad política», y no ajustadas al reglamento.
Los 26 firmantes de la solicitud recuerdan que el 20 de noviembre dimitieron 7 miembros de la permanente, de manera que la dirección de Esquerra en Barcelona perdía la mitad de sus miembros. En las horas siguientes se añadieron dos dimisionarios más, y el mismo día 20 la dirección regional aprobó el reglamento de las elecciones municipales de Barcelona para 2027.
Este reglamento es necesario que se apruebe también en un congreso regional, con el aval de la militancia de la ciudad, tras el acuerdo de la dirección regional. En este sentido, los firmantes consideran que la ejecutiva de Junqueras no puede utilizar la disposición general de la gestora para «eludir la obligación procedimental y urgente», y aseguran que la intención de convocar el Congreso Regional para el 17 de abril para renovar la dirección llegaría «fuera de plazo». Avisan de que se trataría de un «incumplimiento flagrante» de la normativa del partido.
Los dimisionarios aseguran que no se ha comunicado ninguna imposibilidad legal, técnica o de fuerza mayor que argumente que el congreso se celebre cinco meses después de las dimisiones, y consideran que el acuerdo de la dirección nacional es «irregular y contrario» a la normativa interna, porque no garantiza el cumplimiento del plazo máximo de un mes para convocar y celebrar el congreso regional.
Además, avisan de que la ejecutiva de Junqueras otorga a la gestora la función de pilotar un proceso político y estratégico de ratificación de la comisión electoral, lo que consideran una «extralimitación de funciones». Afirman, en este sentido, que se «desnaturaliza» el papel de la gestora.